Sí, histórico. Ese es el calificativo que se me ocurre para el Acuerdo que Fedegán firmó el 7 de octubre con el Gobierno Nacional, orientado a facilitar la compra directa de tierras que complete los tres millones de hectáreas del Fondo creado en la Reforma Rural Integral del Acuerdo con las Farc, para ser distribuidas entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.

Histórico, porque se enmarca en la promesa cumplida del presidente Petro, frente a la cual muchos éramos escépticos, de abrir espacios para el diálogo y el acercamiento, incluso con sectores con los que podría parecer difícil, dejando a un lado lo accesorio de las diferencias, para buscar y encontrar lo fundamental de los propósitos comunes.

La reforma agraria hizo parte de las propuestas de campaña y el Gobierno ha sido enfático en que la hará. Ahora bien, aquí las preposiciones son importantes: el Gobierno podría hacerla sin nosotros o, inclusive, contra nosotros, pero ha decidido hacerla con nosotros, y esa inclusión tiene una importancia que ahora mismo no alcanzamos a medir.

Histórico, porque, gracias a la actitud receptiva y propositiva de la ministra  de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, y a la gestión facilitadora del presidente de la Comisión de Paz del Congreso, el  senador Iván Cepeda, se llegó muy rápidamente a un acuerdo, que considero marco y sobre el cual será necesario precisar muchos procedimientos, pero en el que quedaron plasmados  los principios para llegar a ese segundo nivel de acuerdos, en temas sensibles como el avalúo de los predios, el precio y la forma de pago.

Histórico, porque en el proceso de concertación del Acuerdo y en la reunión que una semana antes tuve con el presidente Petro, percibí una genuina preocupación por superar los errores del pasado a partir de su reconocimiento, una actitud valiosa, viniendo de un gobierno de izquierda, un sector político para el que la defensa a priori de la reforma agraria es cuestión de honor. La corrupción fue uno de esos errores, pero el más importante fue la falta de integralidad, limitando la reforma a la entrega de parcelas que terminaron vendidas, despojadas o en manos de sus propietarios, campesinos pobres sin tierra, que pasaron a ser campesinos con tierra, pero igualmente pobres.

En este punto vale la pena reseñar la posición histórica de Fedegán desde su fundación, en 1963, cuando asumió la defensa de la legítima propiedad privada frente a la reforma agraria expropiatoria.

Fedegán nunca ha estado en contra del derecho del campesino a la propiedad de la tierra, pero suficiente y rodeada de las condiciones que la hacen realmente productiva (vías, energía, agua, asistencia técnica, crédito y asociatividad). Lo contrario es la profundización del minifundio improductivo y de la pobreza rural.

Por ello le hemos planteado al Gobierno los principios que deben inspirar un proceso de reforma agraria que pretenda ser exitoso.

Primero: La Paz Total no es posible sin la recuperación económica y social del campo.

Segundo: Es urgente llevar el campo al primer plano de la política pública y la asignación de recursos.

Tercero: El acceso a la tierra, que el gremio ganadero se compromete a facilitar, es un factor de peso para la recuperación rural, pero no el único.

Cuarto: El factor diferenciador frente a una historia de fracasos, y el verdadero reto del gobierno, es la integralidad, comenzando por las vías terciarias, que son la expresión más evidente del abandono.

Quinto: La recuperación integral del campo no es tarea fácil, pero es la mejor apuesta que el Gobierno puede hacer por la Paz Total y por el futuro de Colombia.

@jflafaurie