Se firmó al fin, luego de cuatro años de negociaciones, el Acuerdo Final que pone conclusión al conflicto de más de cincuenta años, entre el Estado colombiano y el grupo subvertido de las Farc, alzado en armas y que se ha dedicado al secuestro, la extorsión, el narcotráfico y a toda una serie de actividades al margen de la ley.  De guerra poco, pues está es una forma de conflicto socio político entre dos grupos humanos; sin embargo, no se puede desconocer la existencia del conflicto y las consecuencias devastadoras para la sociedad colombiana.

Desde que comenzaron las negociaciones manifestamos nuestra conformidad con la búsqueda de una solución dialogada para poner fin al conflicto y por ello estamos convencidos que hay que darle una oportunidad a la paz y al gran esfuerzo que se ha adelantado en los diálogos con la subversión que llegan a su punto final.

Recordando y parafraseando a Georges Clemenceau, señalamos que, ojalá este sea el fin de conflicto y no una tregua, es que tenemos que mirar con detenimiento  a que se está comprometiendo el Estado colombiano en las 297 farragosas páginas  que componen el Acuerdo Final.   La primera preocupación es de orden estético, el mero pensar, que esto hace parte de la Constitución Nacional, preocupa a los amantes del derecho sobremanera.  La Carta de Filadelphia,  la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,  el Acta de Independencia,  son documentos  claros, precisos e inteligibles.   Estimo que el gran grueso de los colombianos va a quedar ausente del conocimiento de este documento, por lo extenso y comprensivo de toda clase de temas que obviamente interesan a la sociedad pero que son de difícil digestión.

En materia agraria, llama la atención el compromiso con las hectáreas que hay que disponer para los propósitos del acuerdo, que prácticamente son las que el país tiene destinadas al agro.  Igualmente vemos con preocupación compromisos con la sustitución de cultivos que van a ser difíciles de cumplir.   Preocupa la pregunta de ¿qué pasa si incumplimos?

En el tema de justicia, siempre hemos pensado que no era necesaria tanta concesión. Perfectamente la justicia ordinaria podía haber atendido los requerimientos de justicia transicional, como lo ha hecho en el pasado.  La jurisdicción especial para la paz es innecesaria.   Queda la discusión sobre los delitos conexos a la rebelión que darán pie para las amnistías y los indultos.   Se reconoce que el acuerdo  hace la salvedad que estos beneficios no caben en los delitos de lesa humanidad, que era lo menos que podía esperarse.

Hay muchas dudas por despejar; habrá que releer el documento varias veces y seguramente resolveremos algunas inquietudes y nos surgirán otras, que también expondremos con firme convicción democrática.

Sin embargo, rescatamos el momento histórico que vive Colombia y la importancia que tiene el estar caminando en la búsqueda de concluir exitosamente lo propósitos de paz.  Si ello se consigue, valdrá la pena el listado de sacrificios que este Acuerdo Final nos exige.