Hemos analizado el derroche, la ineptitud y hasta la corrupción del circo petrista en las pasadas columnas, pero quisiera terminar esta secuencia hablando de las consecuencias y costos que implicarán las nefastas reformas legislativas que propone el gobierno.

Debemos comenzar con la reforma a la salud. Un vil intento del petrismo de convertir uno de los mejores sistemas de salud del continente y del mundo en un botín burocrático para ganar las elecciones en 2026. La reforma busca acabar las EPS y abrirle la puerta a los políticos para que se devoren esos más de 70 billones de pesos en efectivo que maneja el sistema.

Además de quedarse con la caja de la salud los petristas buscan, a través de la Resolución 100 de 17 de enero de 2024, apoderarse de las bases de datos de los usuarios. ¿Con qué objetivo? Sencillo, ¡para la campaña presidencial! Si señores, con esa información sabrán a detalle características básicas y ubicación de millones de colombianos a los cuales, estoy seguro, buscarán coaccionar el acceso a servicios de salud a cambio de su voto una vez tengan bajo su control la operación del sistema.

Me podrán llamar exagerado, pero los invito a investigar cómo el chavismo utilizó la salud para consolidar su milicias y bases políticas.

Pero bueno, ¡los costos! Aparte de las consecuencias políticas ya expresadas, toda esta operación se dice les costará a los colombianos un aproximado de 140 billones de pesos. Y la verdad es que no se sabe a ciencia cierta, porque recordemos que Minhacienda no ha sido capaz de expedir el aval fiscal y tampoco se tiene en cuenta el rezago presupuestal que hoy existe sobre el sistema gracias a que el gobierno no ha pagado los ajustes de los presupuestos máximos.

En los pasillos de la política y expertos me dijeron que, a hoy, el gobierno tendría que inyectar al sistema por lo menos 13 billones para evitar su colapso. En fin, un desastre.

Pasemos a la reforma laboral, un catastrófico proyecto de Ley para un país que está ad portas de entrar en recesión. El Banco de la República, Fenalco y otras organizaciones advierten de la pérdida de casi medio millón de empleos si pasa el texto como está debido al aumento de 35% de los costos para las mipymes, la seguridad laboral reforzada que impedirá el despido, el fin de la flexibilidad laboral por la eliminación de los contratos de prestación de servicios, entre otras cosas.

A lo anterior, aunque no sea reforma legislativa, súmele la contracción de -49%- en construcción de vivienda de interés social ocasionada por la ineptitud de la Ministra Catalina Velasco al frenar los subsidios de Mi Casa Ya. Dicha decisión le costará 20 billones de pesos de inversión al país que padece el gobierno con la peor ejecución de las últimas dos décadas.

La cosa no va bien y falta hablar de la pensional. Mejor dicho, ¡todo un circo!