El tema de la utilización del dinero en la vida política es de vieja data y ha tenido desarrollos y retrocesos en su tratamiento. Siempre ha sido una cuestión que genera, no digamos ya debates serios, sino todo tipo de suspicacias, malentendidos, y manipulaciones.

En los Estados Unidos, donde el tema ha sido muy estudiado, existen varias fundaciones que no hacen nada diferente a buscar un mejor entendimiento de las leyes que han regido y rigen este tema tanto en ese país como en otras regiones. Existe amplia literatura al respecto. Y hay todo tipo de propuestas para lograr un mejor manejo de la relación entre el dinero privado, el dinero público, y la vida política.

En esta ocasión, y dado lo que está ocurriendo en Colombia y para ayudar a un mejor entendimiento de la cuestión, en breves líneas voy a explicar lo que creo que es la esencia de este problema. La pregunta fundamental es como se debe financiar la vida política y, en particular, las campañas presidenciales y las demás. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es del sector empresarial? ¿Cuál el de las personas jurídicas? ¿Cuál de los ciudadanos? ¿Cuál el de entidades extranjeras (países, empresas, ciudadanos extranjeros, fundaciones etc.)?

¿Conviene regular el papel del dinero? ¿Se puede permitir que los más ricos, empresas, sindicatos o personas monopolicen las contribuciones en dinero a los candidatos o partidos políticos? ¿Se puede permitir que el dinero de los sectores más pudientes sea el preponderante en la financiación de la vida política? ¿Se puede aceptar, por ejemplo, que un gobierno extranjero financie una campaña presidencial en Colombia? ¿O que lo haga la mujer o el hombre más rico del mundo? Y así podríamos continuar interrogantes más generales o más precisos.

No es la primera vez que se indaga sobre una campaña electoral.

La democracia tiene que preservar el papel de cada ciudadano en la vida política, particularmente, en este caso, en el proceso electoral. Ha sido una lucha milenaria obtener que cada ciudadano obtenga un voto y que ello sea igual para todos no importa su riqueza, conocimiento, origen social, raza, religión etc. Se ha luchado por obtener la igualdad del voto, su secreto, su libertad, y lo propio se ha hecho para lograr que todos los sectores formen parte del electorado a partir de cierta edad que se ha venido ampliando, vamos en los 18 años.

Semejante lucha supone que no hay un factor que altere significativamente ese ideal de igualdad. Sin embargo, el dinero es uno de esos probables factores. Y por ello los países se toman el trabajo de regular el papel del dinero. Y se crean instituciones que vigilen la vigencia de esas regulaciones para que ellas no sean de mentiras. Ese es el papel que cumple un Consejo Nacional Electoral, cualquiera que sea el nombre que se le asigne en cada país. Sus tareas: proteger la igualdad en el ejercicio del voto, su pureza, transparencia e integridad. Es un trabajo que todavía se sigue realizando a nivel mundial para corregir fallas y errores en la arquitectura del proceso electoral. Y existen organizaciones internacionales que vigilan el ejercicio electoral, como lo estamos viendo en el caso de Venezuela, por ejemplo, con la respetada organización Carter.

Si no existieran esas regulaciones y las instituciones que protegen su vigencia, la desigualdad en el ejercicio del voto sería descomunal y lo que predominaría sería lo que alguna vez López Michelsen denominó "la dialéctica de las chequeras".

El tema se ha prestado para todo tipo de escándalos en muchos países. Y eso no ayuda a la democracia porque se pierde la confianza en la política y en sus instituciones.