Uno de los grandes impactos que ha dejado la pandemia y toda la afectación económica que trajo consigo es el aumento de la pobreza en Colombia. En el caso particular de la pobreza monetaria, es dramático el aumento, aunque veníamos experimentando situaciones alarmantes, cuando en 2019 ese indicador subió a 37.5%, mientras en el año anterior se había llegado a un 34.7%, la cifra más baja en varias décadas. Con la pandemia, algunas estimaciones sugieren que la pobreza podría llegar a niveles entre el 47% y el 49%, que representaría un retroceso de casi dos décadas en la lucha contra este flagelo.
A nivel nacional, el panorama de la pobreza ya aportaba unos contrastes preocupantes. Departamentos como el Chocó tenían al 69% en situación de pobreza monetaria, el doble del promedio nacional y bastante encima de ciudades como Cali, Bogotá o Medellín, que, aunque en términos absolutos tienen a más personas en situación de pobreza, el indicador se encuentra por debajo del 20% hasta antes de la pandemia. Sin embargo, con la situación sanitaria particularmente severa en las grandes áreas metropolitanas, cabe pensar que la situación se deteriore de forme dramática.
Según algunos estudios, el 30% de las familias colombianas dejaron de consumir una o dos de las tres comidas diarias, una situación que dobla la que se vivía antes de la pandemia. Es decir, más de tres millones de hogares colombianos han tenido una situación de desnutrición producto de la caída de los ingresos y el panorama se agrava en las costas, donde hay ciudades como Santa Marta donde el porcentaje de familias que tuvieron que prescindir de una o dos de las tres comidas es del 50%.
Mientras la situación sanitaria se controla de forma definitiva, algunas decisiones deben tomarse con celeridad y criterio técnico para consolidar una información confiable y sobre ella actuar para contener el crecimiento de la pobreza. En ese sentido, el Sisbén IV se adapta a las nuevas circunstancias, dado que se pasa de un enfoque centrado en las condiciones de vida a un enfoque donde se considera la capacidad de generar ingresos y el entorno que rodea al núcleo familiar. Además, ya no se hablará de puntajes sino de pertenencia a uno de los cuatro grupos, lo que facilitará la identificación de las familias y su nivel de necesidad de transferencias directas y oferta institucional que permite mitigar y mejorar su condición de vida.
El desafío de los próximos años será recuperar la senda de reducción de la pobreza que había tenido Colombia en las últimas dos décadas. Focalizar mejor las ayudas sociales, garantizar la sostenibilidad de la reactivación económica e introducir reformas urgentes en el campo fiscal, laboral y pensional que mejoren las condiciones de los mercados y le den al gasto público espacios de progresividad que hoy no tiene, a fin de que cada peso gastado impacte mejor en quienes más lo necesitan, son parte de esas tareas para revertir el golpe económico y social que nos ha dejado la pandemia.