Se anuncia que el próximo septiembre, el Comité de Escogencia, compuesto por cinco miembros, tres delegados de organismos extranjeros y dos de entidades colombianas, una sola judicial, elegirán para Colombia, cincuenta y un (51) Magistrados que encabezaran la Justicia Especial para la Paz, encargada de la administración de justicia  para los actores del conflicto, según los acuerdos de La Habana.  Digamos que este nuevo componente organizacional es el equivalente a lo que es la justicia ordinaria para los demas colombianos.

Además, se designará el Director de Investigación y Acusación, que será la cabeza de la acusación, un organismo equivalente a lo que es la Fiscalía General de la Nación, como ente de acusación en el sistema acusatorio que implementamos hace varios años a exigencia internacional y que fuera de haber dado luz a una especie de Leviatán del Estado, sus resultados en la persecución del delito están aún por verse.

Se trata de un impulso importante para poder poner en marcha los acuerdos en cuanto a la justicia transicional, pero como inicia en septiembre, hay que cumplir los procedimientos diseñados y tarda algunos meses en lograr resultados. Lo que no sabemos es si ello dará tiempo para impedir los efectos nocivos de la huelga de hambre que adelanta unos de los excombatientes y comandantes de las Farc,  tratando de presionar para que se conceda la libertad inmediata a todos los miembros de la guerrilla que pagan condenas o son objeto de investigación o procesamiento penal que, según ellos estan indebidamente encarcelados. Esto si es el colmo, una presión indebida frente a un Gobierno que no ha hecho otra cosa que darles gusto en el diseño de aparato de justicia que quieren, en la forma de designacion de los jueces, en el modelo de justicia transicional que les sirve y ahora, en los tiempos que les convienen.

So pretexto de conseguir la tan anhelada paz para los colombianos, hemos permitido que se arme un Estado paralelo en una de las funciones trascendentales de la democracia como es la administración de justicia, hemos sacrificado la institucionalidad; perfectamente la justicia transicional podía haberse cumplido por la justicia ordinaria sin necesidad de tanto sacrificio institucional. Sin embargo, parece que no ha sido suficiente y que hay que seguir dando más.  La presión se encamina a lo que inicialmente querían, a que no haya sometimiento judicial de ninguna clase, ni siquiera en ese remedo de justicia  al que se llegó con los acuerdos.  Libertad sin formula de juicio y sin condiciones, es lo único que les sirve; sería mejor reconocerlo y ahorrarle a los colombianos el enorme costo que tendrá la conformación se esa "mise en scene" que se inventaron para aparentar  frente a los colombianos y frente al mundo que en este proceso habrá justicia y reparación.