Las cifras comienzan a decir que sí: que el estallido social ya comenzó; y que apenas estamos empezando a darnos cuenta.

Veamos primero las cifras agregadas: según Confecar mientras en 2019 hubo 185 bloqueos de carreteras; en 2020, 184; en 2022, 125; en lo que va corrido del 2023 llegamos a 501 bloqueos viales. Es decir, durante los ocho primeros meses del año en curso se registra un aumento del 301% frente a los bloqueos registrados en todo el año pasado.

Según la ANDI, los 501 bloqueos que se han presentado este año, hasta agosto, representan 7.029 horas para el transporte de carga, o sea 229 días perdidos.

Los datos que entrega la ACP (Asociación Nacional del Petróleo) no son menos inquietantes: en rutas que interesan el transporte de combustibles se han identificado este año 180 bloqueos con una duración agregada de hasta nueve días, que han afectado seriamente los despachos desde las plantas de distribución de Mansilla en Facatativá, Sebastopol en Santander y Apiay en el Meta. En total se ha hecho imposible el envío oportuno de 20 millones de galones equivalentes al 1% del consumo nacional.

Las pérdidas económicas son también enormes. Según la ANDI llegan a $1,73 billones debido a las movilizaciones sociales, $ 6.400 millones por piratería y $ 1,9 billones atribuibles a destrozos de la infraestructura.

Sumémosle a esto los primeros fogonazos de desórdenes urbanos como el que tuvo lugar en Suba con la reciente vandalización de un CAI y los disturbios en el barrio Patio Bonito, lo mismo que en Medellín y Cali donde hubo igualmente destrozos del mobiliario urbano y en sus sistemas de transporte comunitario.

Las autoridades (militares y de policía) tendrán que responder pronto, de manera rotunda, si este tipo de desmanes son tolerados impasiblemente o si se evitan contundentemente.

Si la respuesta es la primera, es evidente que estaremos asomándonos de manera indolente a presenciar un nuevo estallido social; si la respuesta es la segunda quizás ello signifique que las medidas se están tomando aún a tiempo: estamos en el filo de la navaja.

Sin que ello represente una represión indebida o ilegal, el gobierno debe decidir si va a aplicar o no las normas vigentes que prohíben el bloqueo de vías nacionales por donde transcurre el comercio de mercancías esenciales, combustibles y alimentos.

El gobierno debe decir si a las manifestaciones de descontento ciudadano va a exigirles que se ubiquen en las bermas de las carreteras o si va a permitir impasible el bloqueo de vías.

El gobierno debe decir -y actuar en consecuencia- si considera que el derecho que asiste a quienes ejercen su protesta a la vera de una carretera prevalece sobre el derecho superior de la ciudadanía a que no se entorpezca el tránsito de los víveres y medicamentos del que depende la vida de muchos más.

Es evidente que la conflictividad social está en aumento. La polarización que vive el país, la vecindad de las elecciones regionales a finales de octubre, y la envestida de los grupos narcotraficantes envalentonados con las conversaciones de cese al fuego blandengues que estamos presenciando, son el caldo de cultivo ideal para que reaparezca un estallido social tan grave o peor que el que hubo en 2019-2020.

Estamos al borde de rescatar la autoridad en las vías nacionales, o de entregarla presenciando impasibles un estallido social tan grave o peor que el anterior.

 El gobierno Petro tiene la palabra.