EL CONGRESO vuelve a labores mañana en la tercera legislatura en donde uno de las principales tareas en materia regional es atender los clamores que vienen haciendo de tiempo atrás los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales de legislar en temas clave para avanzar en la descentralización y contar con más recursos para atender las múltiples funciones que tienen los territorios, entre otros. Esto no tuvo mayores desarrollos en la primera mitad del cuatrienio legislativo, por lo que esperan en la segunda resultados.

EL NUEVO SIGLO presenta, a continuación, las principales expectativas del poder regional en la segunda mitad del Congreso.

1. Más recursos

En el marco de la cumbre de gobernadores, en febrero pasado, el presidente Petro anunció que buscaría reformar el Sistema General de Participaciones, para que las regiones reciban un mayor porcentaje de recursos del Estado.

“Estoy de acuerdo y ya que crearon una mesa de desarrollo técnico de un proyecto de ley que se debe presentar al Congreso de la República con el propósito de darle curso a las sesiones que correspondan para reformar el SGP y garantizar la atención a la primera infancia”, dijo Petro en esa ocasión.

Luego el Gobierno se comprometió nuevamente con el tema en una reunión del mandatario con Fecode.

Sin embargo, esta reforma no ha sido mencionada por el Ejecutivo en el paquete que radicará en la tercera legislatura.

No obstante, lo que podría suceder es que, por la llegada de Juan Cristo a la cartera del Interior, podría ser que el Gobierno apoye esta iniciativa teniendo en cuenta que la presentó En Marcha, el partido que lidera este político.

Otro camino que tendría el Gobierno para esta reforma es a través del llamado ‘fast track’, en caso de que el Congreso apruebe esta medida para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz.

2. Reforma carcelaria

Los gobernadores y alcaldes proponen una redefinición de las competencias de los niveles de gobierno en el asunto de las cárceles, pues en el caso de la población condenada continúa en cabeza del Gobierno nacional, mientras que la responsabilidad de la población con medida de aseguramiento se distribuye de acuerdo con las penas a imponer (de mayor a menor).

En ese sentido, Asocapitales apoyó un proyecto de ley que radicó la Defensoría del Pueblo para que el Gobierno nacional se encargue de los sindicados con penas máximas; las gobernaciones, de los sindicados con penas intermedias y las ciudades o municipios que tengan un mayor índice de delito en el país, de los sindicados con penas mínimas, procurando una distribución equitativa de las cargas entre las partes.

De esta forma se pretende una mejor administración del sistema y combatir la sobrepoblación en estos centros de reclusión. Sin embargo, este proyecto se hundió por falta de debate.

3. Mejorar seguridad

Una de las mayores preocupaciones de los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales que se posesionaron el pasado primero de enero, es la afectación a la seguridad por la fuerte incidencia de la extorsión y el microtráfico a nivel urbano y el accionar de los grupos armados en las áreas rurales.

Los mandatarios regionales, piden más recursos, que les aumenten el pie de fuerza de la policía y también ayudas del Gobierno nacional para implementar cámaras. Incluso algunos han planteado que en una reforma tributaria territorial les dejen establecer impuestos para financiar la seguridad.

En el primer semestre de este año fue retirado por el autor un proyecto para fortalecer las medidas de seguridad y convivencia. La iniciativa planteaba que en todos los departamentos y municipios deberán funcionar los fondos de seguridad y convivencia ciudadana. También que todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, consultoría, espectáculos abiertos masivos con entidades públicas, deberán pagar un impuesto del 5% del valor del contrato para fortalecer la seguridad.

4. Reforma tributaria

Varios gobiernos nacionales han prometido a las regiones una reforma tributaria para fortalecer sus recursos; no obstante, no ha pasado del anuncio.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en abril del año pasado al llegar al cargo en reemplazo de José Antonio Ocampo, que “yo lo que pienso es que es absolutamente necesario que el país revise el proceso de descentralización y que a los territorios se les otorgue recursos propios”.

Mientras tanto avanza en todo el país la recolección de firmas para respaldar la realización del referendo de autonomía fiscal para las regiones, con lo cual buscan tener más recursos para atender sus múltiples responsabilidades con la población en materia de servicios y bienestar. La iniciativa fue liderada por el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón.

El referendo pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo o no con que los impuestos sobre la renta y el patrimonio dejen de ser gravámenes nacionales y pasen a ser departamentales y del Distrito Capital, con lo cual se duplicarían los dineros que hoy reciben por el Sistema General de Participaciones (SGP).

5. Reforma judicial

Gobernadores y alcaldes han pedido combatir la reincidencia, pues muchos delincuentes tienen hasta 40 entradas a la cárcel, donde están unos pocos días; también solicitan al Gobierno nacional asegurar los recursos para que el sistema tenga el suficiente número de jueces, fiscales y policía judicial, de tal forma que se fortalezca la Fiscalía en las investigaciones y la denuncia ciudadana.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, dijo que “a veces sentimos que la defensa de los derechos humanos de los delincuentes está por encima de los derechos humanos de los ciudadanos. Y yo, como alcalde de Bucaramanga, tengo que defender el bienestar de los bumangueses.

6. Autonomía regional

Avanzó en primera vuelta el proyecto de reforma constitucional, que busca fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, mediante la modificación de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.

Esta reforma busca establecer que los departamentos, distritos y municipios participen en el 46,5% de los ingresos corrientes de la nación, ya que hoy no superan el 22%, para esto se determina un periodo de transición gradual de una década, con incrementos anuales en los recursos para las regiones.

El representante Carlos Ardila dijo que “este proyecto es un paso crucial para descentralizar el país, devolviendo el poder de decisión a cada región y asegurando un desarrollo más equitativo y justo. Buscamos recuperar la promesa de la Constitución de 1991, fortaleciendo la autonomía de las entidades territoriales”.

7. Aumentan honorarios de concejales

Avanza en tercer debate el proyecto de ley el cual busca aumentar los honorarios de los concejales de los municipios de quinta y sexta categoría y también el número de sesiones ordinarias y extraordinarias.

La iniciativa del senador conservador Germán Blanco, “tiene como fin implementar medidas que dignifique la actividad ejercida por los concejales en el país y que garanticen que la labor sea remunerada adecuadamente”.

8. Pago a consejeros de juventud

La bancada del Partido Cambio Radical insistiría en la tercera legislatura en un proyecto de ley que busca establecer el pago de honorarios a los jóvenes consejeros, con el propósito de fortalecer la gestión y el compromiso de los Consejos de Juventudes.

La iniciativa fue radicada en el anterior Congreso, pero se hundió porque no tuvo discusión.