“El país está lejos de cerrar la página con las Farc”

El presidente Duque, al recibir la credencial que lo acredita como nuevo mandatario de los colombianos, fue enfático en llamar las cosas por su nombre: el narcotráfico no seguirá siendo conexo al delito político; cualquier forma de criminalidad y violencia será rechazada; no se burlará el anhelo de las víctimas; por eso, las armas o dineros escondidos, y la reincidencia, tendrán sanción ejemplar.

Es una advertencia clara al partido Farc que insiste desvergonzadamente en hacer uso de todas sus prebendas, sin cumplir ninguna de sus responsabilidades. Santrich, pedido en extradición por narcotráfico, después de la firma del acuerdo y con pruebas que la Fiscalía califica de contundentes, no se podrá posesionar como Representante a la Cámara, y punto; así Márquez califique el proceso de “montaje aleve” de la Fiscalía y la DEA, y Alape matricule al fiscal como otro enemigo de la paz.

Márquez, por su parte, renuncia a su senaduría aduciendo razones de ocasión, pero lo cierto es que, perseguido por la sombra narcotraficante de Santrich, se “escapó” de Bogotá y fijó su residencia en Miravalle, Caquetá, sin renunciar, claro está, a la seguridad del Estado ni a su posición en la CSVI, pero desde allá, muy cerca del monte y muy lejos de la Fiscalía, por si su sobrino mafioso decide cantar más de la cuenta en Estados Unidos.

¿Quién lo reemplaza? Alberto Zúñiga Iriarte, alías “Benkos Biohó”, muy conocido por los familiares de las víctimas  de la masacre de Bojayá, por la que fue condenado a 36 años y 6 meses de prisión, delito que debería cerrarle también las puertas del Congreso. De hecho, si las Farc tuvieran algo de dignidad y respeto por las víctimas y por el país, deberían designar, por iniciativa propia, sus diez parlamentarios entre los miembros libres de acusaciones de delitos de lesa humanidad; y si no lo hacen, los que sean condenados, como plantea el presidente Duque, deberán dejar su curul para pagar las penas de mentirillas de la JEP.

Pero el Acuerdo fue generoso en exceso. No importa que lleguen criminales al Congreso, y que lleguen sin haber devuelto todas sus propiedades ilícitas, que la Fiscalía ha tenido que perseguir; sin haber entregado información sobre narcotráfico y, lo más grave, sin reparar una sola víctima. 

Las cosas no pintan mejor con las disidencias, brazo armado y encargadas de la continuidad de sus negocios ilícitos. Mientras Santos y su cuestionado ministro se empeñan en una ceguera que desestima peligrosamente a las disidencias, los medios dan cuenta de reclutamiento de menores y de venezolanos, y de fuerte control en zonas cocaleras. A comienzos de año, frente al informe de una  ONG que las cuantificaba en 1.500 efectivos en armas, Villegas no aceptaba más de 700, pero hoy se transa en que “no superan los 1.300”, mientras el Fiscal sostiene que la cifra “es mayor a la que se conoce públicamente”.

Santos, por su parte, arremete contra los medios, como ha hecho cuando se desmarcan de su coro de aplausos, y decide acusar a la gobiernista revista Semana de “generar miedo y todo tipo de problemas” con una carátula que considera “falsa e irresponsable”, hecha “para vender más revistas”. Delicadas acusaciones. ¿La razón?, un especial denunciando “El plan para refundar las Farc” a partir de 29 estructuras de las disidencias.

No nos digamos mentiras, el país está lejos de cerrar la página de las Farc, porque no quieren reinsertarse sino imponerse, y porque mientras haya narcotrafico, habrá armas; mientras haya armas, habrá violencia; y mientras haya violencia no podrá construirse la verdadera paz.