Hace mucho rato el fantasma del apagón viene rondando al Caribe colombiano y así lo hemos advertido reiteradamente. A la pésima calidad en la prestación del servicio de energía a los 2.5 millones de usuarios del Caribe por parte de Electricaribe se viene a sumar ahora el riesgo de verse sometido a un programa de racionamiento programado del mismo.

Los usuarios de Electricaribe ya están habituados a los racionamientos no programados, porque permanentemente le están racionando el fluido eléctrico, no pocas veces disfrazado de “mantenimiento” a las redes y, lo que es peor, han estado expuestos a los cortes intempestivos y a la oscilación del voltaje, con el daño subsiguiente de los electrodomésticos. Y ello, no obstante que están en la obligación legal de garantizar “la prestación continua de un servicio de buena calidad”. 

A lo que no están acostumbrados los usuarios de Electricaribe es a los racionamientos programados, XM, que es el administrador del Sistema de Intercambios comerciales del Mercado de Energía Mayorista anunció el día de ayer que dicha empresa “se encuentra en mora con la obligación de otorgar garantías financieras que tienen por objeto respaldar el pago de las transacciones que debieron ser presentadas el 18 y 20 de octubre” y no lo hizo. Estamos hablando de garantías por un monto de $27.692 millones y ello conlleva la iniciación de un programa de “limitación de suministro” de energía, que no es otra cosa que un racionamiento programado al mercado que sirve Electricaribe, que por lo pronto será de tres horas diarias, desde el 9 de noviembre hasta el 16 de diciembre y de cuatro horas diarias a partir del 17 de diciembre.

La “controversia” planteada por Gas Natural-Fenosa, matriz de Electricaribe le resta capacidad de maniobra al Gobierno, pero no lo puede llevar al inmovilismo. En el pasado, no ha faltado quien platee la intervención de Electricaribe para evitar males mayores, sin embargo se ha descartado de plano por considerarla indeseable y contraproducente. Pero, ante el acecho del fantasma de un apagón, a la Superintendencia de Servicios Públicos no le está quedando otro camino a seguir, ya que, según la Resolución 116 de 1988 de la CREG, es lo único que puede interrumpir la “limitación de suministro”, eso sí, “antes de la iniciación del programa” y si así lo dispone “se suspenderá la iniciación del programa y se ordenará la publicación de un aviso informando ampliamente sobre tal hecho”. 

Lo cierto es que ante el riesgo de que a la región Caribe se le vayan las luces, el Gobierno Nacional, particularmente el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos, tiene que actuar ya, antes de que sea demasiado tarde. Es su obligación hacerlo, pues es la propia Constitución Política la que le impone el “deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. ¡Así de claro!

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*Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos