Se llegó al fin la entrega de las armas de la guerrilla, luego de varios años  de negociaciones; se supone que con este hecho se concluye un conflicto armado de más de cincuenta años entre el Estado colombiano y el grupo subvertido de las Farc, que, bajo el pretexto de buscar tomarse el poder e imponer su ideología política,  se había dedicado todo este tiempo, al secuestro, la extorsión, el narcotráfico y a toda una serie de desmanes al margen de la ley.  De guerra poco, pues está es una forma de conflicto socio político entre dos grupos humanos; sin embargo, no se puede desconocer la existencia del conflicto y las consecuencias devastadoras para la sociedad colombiana.

Desde que comenzaron las negociaciones manifestamos nuestra conformidad con la búsqueda de una solución dialogada para poner fin al conflicto; hemos sido de la opinión que cree en la negociación política como instrumento válido para  buscar la solución del enfrentamiento y por ello estamos convencidos que hay que darle una oportunidad a la paz y al gran esfuerzo que se ha adelantado en este largo proceso de negociación, que ahora observa  su implementación en lo tocante a la entrega de armas, con lo que se espera se haya llegado a su punto final.

Ojalá este sea el fin de conflicto y no una tregua, como diría Georges Clemanceau; no es que seamos pesimistas o aves de mal agüero;  sino  que tenemos que mirar con detenimiento  los compromisos  que asumió el  Estado colombiano en las 297 farragosas páginas  que componen el Acuerdo Final y que ahora forman parte de nuestra Constitución Nacional.  Desde hace rato,  la guerrilla en su nueva expresión de partido político en génesis, acusa al Gobierno de su incumplimiento.

Muchos temas causan preocupación. En el tema agrario, por ejemplo. llama la atención el compromiso con el número de hectáreas que hay que disponer para los propósitos del acuerdo, que prácticamente son las que el país tiene destinadas al agro. También los  compromisos con la sustitución de cultivos que van a ser difíciles de cumplir.   El problema de la tierra está mal acordado y va ser motivo de nuevos enfrentamientos.

En el tema de justicia es otro que ocasionará desvelos, siempre hemos pensado que no era necesaria tanta concesión. Perfectamente la justicia ordinaria podía haber atendido los requerimientos de justicia transicional, como lo ha hecho en el pasado. La Jurisdicción Especial para la Paz es innecesaria.  Queda la discusión sobre los delitos conexos a la rebelión que darán pie para las amnistías y los indultos.  Se reconoce que el Acuerdo  hace la salvedad que estos beneficios no caben en los delitos de lesa humanidad, pero en el ambiente queda una percepción de que habrá poca justicia y mucha impunidad.  Hay una insatisfacción generalizada en las víctimas del conflicto.

El país queda dividido y fraccionado a consecuencia del proceso y su implementación.   No hubo consensos políticos y cuando se intentaron fueron desatendidos por los negociadores que manejaron el proceso con exclusión y con soberbia,  como si la paz fuese un triunfo que no se quiere compartir.  Políticamente, dentro de la sociedad colombiana y frente a los partidos políticos no subvertidos, el proceso es un desastre.  Sin embargo, rescatamos el momento histórico que vive Colombia y la importancia que tiene el estar caminando en la búsqueda de concluir exitosamente los propósitos de paz.  Si ello se consigue, valdrá la pena el listado de sacrificios que este momento nos exige.