Ambientó bien la presidencia el escenario donde presentó su Política de Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, logrando en la ciudadanía un impacto sorprendente, pues no bien terminó la ceremonia, por demás muy lucida y en los rincones patrios, y ya se hablaba del documento, tratando de analizarlo y desmenuzarlo en toda su extensión como es costumbre. Pero el mensaje es claro, contundente y ambicioso, por lo tanto no necesita mayores estudios de lectura entre líneas.
Seguramente los expertos en seguridad estarán fijando puntos de vista y tratando de aportar conocimientos al desarrollo de los aspectos claves para el impulso y ejecución de la política presidencial y eso está bien, porque se trata de aportar en esta lucha tan desigual, contra los diferentes tipos de delincuencia que enfrentan el gobierno, las autoridades y la misma ciudadanía.
Son varios los aspectos que abraza el anuncio presidencial y la experiencia nos obliga a enfocar nuestra atención en lo identificado por el señor Presidente como “la red de participación cívica”, herramienta irremplazable en la mencionada estrategia, al ser el ciudadano el más perjudicado por las hordas delictivas, blanco fácil de sus fechorías y ataques. La historia nos da la razón, pues los planes desarrollados en diferentes sectores del país, donde la ciudadanía ha formado parte integral, siempre arrojan colosales resultados y lo básico es lograr la motivación que impulse la colectividad a vincularse con el programa ya que históricamente los núcleos ciudadanos son proclives al acercamiento con las autoridades, especialmente fuerza pública.
La práctica con las comunidades recomienda no sustentar su vinculación en ayudas o promesas económicas, por correr el riesgo de mercantilizar el proyecto y, de otra parte, anteponer su seguridad sobre los compromisos, darles una organización seria y confiable, fijarles mandos naturales e identificar líderes de generación espontánea, destinados conducir estos grupos aglutinados por barrios, localidades, municipios. Además, impartiéndoles una formación e instrucción que los capacite para desarrollar esas actividades relacionadas con la observación, evaluación, prudencia y comunicación oportuna a los servidores públicos encargados del desarrollo profesional en las investigaciones, quienes deberán dar satisfacción al colectivo ciudadano, que espera ansioso el efecto de su tarea.
En varias oportunidades grupos de ciudadanos comprometidos y altamente motivados se han disuelto ante la falta de resultados o notificación venida de respetable consideración. La política presidencial deposita en “la red de participación cívica” buena parte de la seguridad ciudadana y sería aconsejable mantenerla al margen de la seguridad nacional, por obvias razones.
No puedo terminar esta columna si recomendar especial cuidado al componente justicia, compuesto por policía judicial, fiscales, jueces y régimen carcelario ya que mientras los delincuentes no le teman al justo castigo y la posibilidad de caer en una cárcel por tiempo largo, todo esfuerzo será en vano.