“Sembraron discordia en una sociedad que clama por la paz”       

La intemperancia puso rápidamente fin al intento de contar con un acuerdo de paz, fruto de un consenso nacional que constituyera un verdadero y sólido pacto nacional por la reconciliación y normalización de la vida colombiana. La voluntad de los representantes del No de acudir con buena fe a convenir con el Gobierno y sus negociadores en La Habana un nuevo texto que respondiera al mandato expresado en el plebiscito, no logró despertar reciprocidad en quienes prefirieron aferrarse al rechazado por el pueblo.

No lograron los coautores del pacto invalidado en las urnas cortar el cordón umbilical que los ata al cúmulo de concesiones unilaterales y desproporcionadas dispensadas a las Farc. Convirtieron la esperanza de una paz sostenible en un simulacro de negociación que pretende cerrarse con la imposición de sus repetitivos términos, tan solo contentivos de unos ajustes que conservan intactos el espíritu y la sustancia de lo que fuera denegado por los colombianos.

Los retoques que adornan el texto reciente de La Habana se reducen a aclaraciones o precisiones, pero no entrañan modificaciones que respondan a las principales propuestas de los voceros del No. Lograron si, redacciones que inducen a engaño y que en los aspectos sustantivos esconden trampas invisibles para el lector, agobiado por el “ladrillazo” que se extiende a lo largo de sus 310 páginas. No hubo modificaciones, ni en el tema de la Justicia, ni en el de la impunidad, ni en el de la elegibilidad, ni mucho menos en el de la reparación efectiva de las víctimas, o en el del narcotráfico como delito conexo al político.

Aducen sus autores que la articulación de la JEP con la justicia colombiana se logró con la incorporación de la tutela contra sentencias del Tribunal de Paz, pero cuidándose de mencionar que sólo procederá cuando así lo disponga por unanimidad la sala de selección integrada paritariamente con magistrados de la JEP y de la Corte Constitucional.

Se fortaleció la impunidad y se aseguró la elegibilidad para los jefes responsables, que cumplirán sus sanciones en las curules del Congreso concedidas en tributo a sus ejecutorias. No se introdujeron normas que faciliten la reparación de las víctimas de las Farc y se confió a los jueces la decisión de calificar en cada caso la conexidad del narcotráfico con el delito político.

El acuerdo, calificado como especial, hará parte de la Constitución y su refrendación le corresponderá al Congreso que carece de competencia y legitimidad para ese efecto.

Sembraron discordia y avivaron rencores en una sociedad que clama por la paz