La semana pasada, la candidata presidencial Vicky Dávila anunció algunos integrantes de su equipo económico de cara a las elecciones de 2026. En términos ideológicos, destacan los nombramientos de Axel Kaiser, principal referente del pensamiento libertario en Chile y un aliado cercano de Javier Milei, y Daniel Raisbeck, líder natural del movimiento libertario en Colombia y analista político del Instituto Cato en Estados Unidos. Si estos nombramientos preceden una participación exitosa por parte de Dávila en las elecciones de 2026, o inclusive su llegada a la presidencia, señalarían la consolidación de un nuevo elemento esencial de la discusión política en Colombia, con posibilidades importantes de transformar el país.
El libertarismo no es homogéneo y seguramente en Colombia adoptará características particulares, como ya lo ha hecho en la Argentina de Milei. Sin embargo, en términos generales, busca minimizar o eliminar la participación del Estado en todas las áreas donde no sea esencial, proteger el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, y empoderar al sector privado y la sociedad civil como los motores fundamentales del desarrollo.
Para entender el momento libertario que parece asomarse, vale la pena contrastarlo con el llamado “neoliberalismo,” un término ambiguo y cargado de connotaciones contradictorias pero que en Colombia se ha asociado con nuestro modelo de desarrollo económico entre 1990 y 2022. Aquel modelo incorporó algunas tendencias inspiradas en el pensamiento libertario, como lo fueron la apertura comercial, la simplificación regulatoria, la política monetaria responsable, la promoción de la inversión privada y la privatización parcial de empresas estatales. Sin embargo, estos avances no representaron un intento de restringir al Estado, sino de complementar y fortalecerlo, contribuyendo así a la modernización de un país cuyo gobierno raquítico resultaba incapaz de afrontar los grandes retos de finales del siglo pasado. En la práctica, el neoliberalismo colombiano se empeñó en crear el Estado más grande, eficaz y activo de nuestra historia, apostándole a la construcción de sistemas público-privados de protección social, la administración responsable de lo público, y el fortalecimiento de la capacidad estatal como elementos básicos de una sociedad más segura, libre y próspera.
A pesar de los inmensos logros de aquel modelo, tres tendencias han contribuido a su desprestigio, ya no solo entre sus enemigos históricos de la extrema izquierda, sino también por parte de muchos colombianos de derecha y centro-derecha. Primero, alrededor de la segunda mitad de la década pasada, la expansión del Estado colombiano dejó de conllevar mejoras drásticas en materia de seguridad y condiciones de vida y llegó a representar un lastre para el crecimiento al exigir impuestos cada vez más elevados y menos aceptables para la sociedad y el sector privado.
Segundo, con la llegada del petrismo al poder en 2022, quedó en evidencia la vulnerabilidad de nuestros sistemas públicos y público-privados, incluyendo en áreas críticas como la salud, la infraestructura, la vivienda y la energía. Todos ellos dependían de la participación de especialistas competentes, transparentes y comprometidos dentro del Estado, condición difícil de sostener en una democracia vulnerable al sabotaje populista. Por otro lado, los sectores plenamente privatizados de nuestra economía han demostrado un grado sorprendente de resiliencia.
Finalmente, el éxito de sus reformas económicas de Milei en Argentina afectan profundamente a una Colombia que tiende a subestimar sus propios logros y enaltecer los de países hermanos.
Con la llegada del momento libertario, surge una opción de cambio totalmente contraria al retroceso que padecemos desde el año 2022. Se equivocan todos aquellos que intentan restarle importancia.