Primero fue el presidente de la República quien, ante la gravedad de la situación planteada por el alza desmesurada de las tarifas de energía, amenazó con la intervención de la Comisión de regulación de energía y gas (Creg), no sin antes abrir “primero un espacio de diálogo” entre los agentes de la cadena y el gobierno en el propósito de bajarlas. Por su parte la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, siguiendo sus instrucciones instó a las empresas generadoras y distribuidoras de la energía para que procedieran a renegociar los términos de sus contratos bilaterales de compra-venta de energía tendiente a lograr dicho cometido.

Eso sí, su advertencia fue perentoria: “si no se anuncia un porcentaje de reducción significativa en las tarifas de energía por parte de las empresas, el Gobierno tomará medidas más radicales”. Y reiteró que “si vemos que no hay voluntad suficiente de estas empresas, otras decisiones serán tomadas”. Cumplido el ultimátum dado a las empresas por parte de la ministra para que arribaran a sus acuerdos con la contraparte, se anunció por parte de ella el acuerdo alcanzado, al que denominó “Pacto por la justicia tarifaria”.

Básicamente la reducción de la tarifa al usuario final, la que se reflejará en la factura del mes de noviembre, oscilará entre el 4% y el 8%, que no es tan significativa.  Los usuarios esperaban más, un alivio mayor en sus bolsillos. La verdad sea dicha, es irrisoria en unos casos e inexistentes para otros. De allí que los usuarios del servicio de energía se debatan entre la insatisfacción y el desconcierto, porque la misma está lejos de sus expectativas toda vez que no le mueve la “aguja” a las desproporcionadas alzas, que superan el 40% en la región Caribe y el 24% en promedio en el resto del país. Esta rebaja lejos de ser un remedio es un remedo, no pasa de ser un placebo. Como en la fábula El parto de los montes de un insignificante ratón, lo anunciado está muy lejos de lo que los usuarios aguardaban.

El caso de la región Caribe, servida por Air-e y Afinia, es aún más dramático, mientras la primera se comprometió a una rebaja del 5.65%, equivalente a $50 KWH, el gerente de EPM, matriz de Afinia, afirmó que su tarifa pasará de $823 KWH a $799, o sea que la rebaja sería nimia, de solo $24, del 2.8% (¡!), por debajo del rango anunciado por la ministra. ¡Lo cierto es que mientras no se toque el componente de las pérdidas reconocidas (PR) en la tarifa no se hará justicia a los usuarios de la región Caribe!

Es imperativo, además, que la Creg elimine el cargo por restricciones (R), porque

no es justo que sean los usuarios quienes tengan que asumir un sobrecosto en las tarifas por este concepto, cuando deben ser los responsables de los atrasos de los proyectos que dan lugar a las mismas quienes lo asuman. Si lo hace la rebaja podría llegar hasta el 16%, que sí sería significativa. ¡Ello no da espera!

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