La discusión sobre las finanzas públicas se ha centrado en las últimas semanas sobre la ley de financiamiento 2025 o ley de reforma tributaria. Es sabido que- según lo ha revelado el propio gobierno- al presupuesto del año entrante le faltan $ 20 billones. Pero el asunto parece tener mucha más profundidad que el que revela la simple sustentación de la reforma tributaria.

En primer lugar, porque el aforo del desfinanciamiento del año entrante, según lo han repetido los más serios centros de investigación (Fedesarrollo, Anif, Comité Autónomo de la Regla Fiscal -Carf-) es muchísimo más grave que los $ 20 billones que buscaría recaudar el proyecto de ley de financiamiento. Estos observadores coinciden en que el desfinanciamiento estaría entre $ 40 y $50 billones, cifras estas que tenderán a agravarse si el desplome de los recaudos de la Dian continúa acentuándose, como viene sucediendo por la debilidad del crecimiento económico.

Esta dura realidad conducirá a que durante la ejecución del presupuesto 2025 -tal como sucedió en el 2024- habrá que hacer recortes mucho más sangrientos que el que debió efectuarse este año.

Pero el problema no solo es de desfinanciamiento presupuestal. Es de caja, a pesar de la bajísima ejecución presupuestal. Ya, en este momento, estamos presenciando problemas que se están reflejando en quejas permanentes de muchos estamentos y programas, desde donde hay reclamos cada vez más audibles de que -simple y llanamente- el gobierno está dejando de pagar sus obligaciones. Voy a citar a continuación y a título de mero ejemplo, algunas de estas quejas. Pero debe haber muchas más:

• Asocodis, el gremio que agrupa a las empresas distribuidoras de energía eléctrica y cuya tarea es simplemente transmitir a los usuarios eléctricos ubicados en los estratos 1,2 y tres los subsidios a que tienen derecho, alerta que la deuda impagada por el gobierno a octubre alcanza los $ 2 billones de pesos. La caja de estas empresas está a punto de reventar. A esto habría que sumar $4.5 billones de la “opción tarifaria” que el gobierno ofreció asumir y no lo ha hecho. Además, para el año entrante el gobierno ni siquiera ha apropiado los $ 3 billones que valen estos subsidios.
• La Federación de Departamentos informa que el ministerio de Hacienda debe a los pensionados de los departamentos y municipios, la mesada de 900.000 pensionados que debieron hacerse desde comienzos de este año.
• Acemi, se queja con razón que desde hace varios meses el gobierno no gira los recursos para pagar los medicamentos de alto costo. Las empresas que deben asumir estos costos a buena cuenta de pagos que les traslade el gobierno están al borde del colapso financiero. La Corte Constitucional ya había llamado la atención sobre esta anomalía.
• A las universidades públicas les está debiendo, a 34 de ellas, $ 850.000 millones resultantes de la cacareada “matricula cero” que se anunció profusamente pero que no se paga.

Los problemas de caja lucen cada vez más agobiantes. Estamos cayendo en lo que podríamos llamar “Un populismo al debe” que se caracteriza por anunciar con muchos decibeles subsidios, pero a los que se pone sordina al momento de pagar. 

Cristo y el Acuerdo Nacional

El ministro Cristo, con empeño admirable, se ha echado al hombro la nada fácil tarea de aclimatar un ambiente menos pugnaz y más civilizado en la política colombiana

Su último esfuerzo se plasma en la formulación de las “bases mínimas para un Acuerdo Nacional”. ¿En qué consisten esas “bases mínimas”?

Son cinco puntos que se resumen así:

1. Seguridad y erradicación de la violencia en la política. ¿Quién puede estar en desacuerdo? La seguridad y la política sin violencia son dos valores fundamentales de nuestra democracia que solo algunos de los alzados en armas y dedicados al narcotráfico, rechazan.
2. Respeto a las reglas electorales y a los calendarios fijados para las elecciones, es el segundo de los postulados de Cristo.

Por supuesto que las normas electorales deben respetarse. Lo que por lo demás excluye asambleas constituyentes o reelecciones convocadas por fuera de los marcos constitucionales vigentes.

3. El tercer punto es la transformación territorial de los municipios más efectuados por el conflicto, lo que en otras palabras significa cumplir con los acuerdos de paz firmados en 2016 y proseguir con los programas de los PDET.
4. El cuarto ingrediente sería apoyar el crecimiento económico y la transformación de la economía. Desde hace más de un año se viene reclamando del gobierno un gran programa de reactivación de la economía, que aún no ve su día.
5. Y, por último, un compromiso para que las deliberaciones de las reformas en el Congreso sean arguméntales, respetuosas del trámite parlamentario y del derecho de las minorías para disentir.

Estos cinco puntos pueden reducirse a uno solo: ¡respetar la Constitución y la Ley!

¿Suscribirá de palabra y obra el presidente Petro el programa de su ministro?