Independientemente de los resultados del plebiscito, me atrevería a afirmar que la gran mayoría de los colombianos quieren la paz como política pública, que el Estado recupere el control del territorio y el monopolio de las armas, y que los guerrilleros cambien sus balas por las palabras. Sin embargo, se impuso el “No” en la votación del plebiscito, el que entendemos manifiesta el desacuerdo con  algunos de los contenidos de los acuerdos especiales de La Habana y por supuesto  con las Farc.  Ver a al jefe de la guerrilla, en Cartagena, como un jefe de Estado, disparó el voto en contra como nadie lo esperaba.

Que el exiguo triunfo del “No” tiene consecuencias jurídicas, no cabe la menor duda, así el jefe de la guerrilla diga que son solo políticas.  El mismo acto legislativo que convirtió los acuerdos de La Habana en acuerdos especiales a la luz de los convenios de Ginebra, supeditó el discutido efecto a la refrendación popular que no se dio. Luego es una realidad que deben atender las partes de la negociación, incluyendo a los subvertidos, si quieren dejar de serlo.  Otra cosa distinta es que no era necesario hacerlo, pero se hizo y hay  que atender las consecuencias.

Ante el desastre del plebiscito por la paz, algunos han salido con un despropósito mayor, señalando que lo  sigue es  una constituyente.  Nada que ver lo uno con lo otro.  La inconformidad con los acuerdos son sobre unos puntos específicos,  Jurisdicción Especial para la Paz, el narcotráfico como delito conexo,  ausencia de penas privativas de la libertad para los máximos responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad,  los alcances de la justicia transicional,  el número de  hectáreas del fondo de tierras, el predial progresivo y  las circunscripciones especiales con exclusividad para la participación en política, entre otros. Nada de eso tiene que ver con una reforma integral a la Constitución, una pretensión normativa que sería el propósito de una constituyente.

Por supuesto, que la gran encrucijada es para el Presidente que sometió a plebiscito la refrendación de su política pública, que a mala hora se revolvió con los acuerdos.  Es al Jefe del Estado a quién corresponde buscar la salida y no a los miembros de la oposición.  Hay que renegociar los acuerdos y buscar los puntos donde puedan converger sirios y troyanos y seguramente, para desgracia nacional, será indispensable otro plebiscito para refrendarlos, con otro costo de trecientos cincuenta mil millones.  Así que la solución no es como apresuradamente dijeron algunos, de revisar dos punticos no más, en un momentico.

Grandes beneficiados con esta situación han sido los de las Farc, que han aprovechado el momento y la visibilidad frente al mundo, para decir que se mantienen en su propósito de paz, y que son los terratenientes colombianos y la ultraderecha los que no la quieren.