Pero esa expresión coloquial del deber ser de la justicia solo volverá a ser cierta a partir del próximo 7 de agosto, cuando Iván Duque tome posesión de la Presidencia de la República, porque lo que son los ocho años de Santos pasarán a la historia como el gobierno de la impunidad, en alianza con su exfiscal de bolsillo, con una justicia cuestionada desde su cúpula y con sus amigos en el Congreso.

Santos empeñó su palabra presidencial en que no habría impunidad en el Acuerdo con las Farc y en que habría cárcel para delitos atroces. Los resultados ya los conocemos. Diez de los responsables de los peores crímenes en la historia del país se sentarán en el Congreso con todas sus prebendas y prerrogativas, sin que se hayan presentado siquiera a la recién estrenada JEP, que, de cualquier manera, les impondrá penas “restaurativas” cuyo cumplimiento tampoco será condición previa  para el ejercicio parlamentario. Impunidad vergonzosa. 

El Gobierno no solo apoyó la legalización de la dosis mínima que impulsó la izquierda con Carlos Gaviria hace más de 20 años, sino que acogió con entusiasmo la espuria tesis del mismo Gaviria, que acompañó a la de Montealegre en su momento y a la que luego se plegó la Corte Constitucional, según la cual “el narcotráfico debe ser conexo, pues “la conexidad significa que algo tiene relación con otra cosa y es indiscutible que el narcotráfico fue utilizado en la lucha armada”. Me pregunto qué habrían dicho si las Farc  se hubieran dedicado, por ejemplo, a la mal llamada “trata de blancas”  -aunque secuestraron y prostituyeron niñas por centenares- o al robo de celulares para hacer platica para su revolución. Impunidad aberrante.

Los primeros indicios de testaferrato de los señores de Mercacundi datan de 2007, pero con el inicio de las negociaciones y la llegada de Montealegre en 2012, las investigaciones  fueron engavetadas, y solo con la gestión del fiscal Martínez empiezan a aparecer recursos y testaferros que, por supuesto, las Farc ocultaron en claro incumplimiento del Acuerdo sin que nada pase. Impunidad soterrada. 

En 2017, el Gobierno pretendió legalizar cultivos de coca de hasta ¡3,8 hectáreas!, con el argumento de no tener que mandar a la cárcel a campesinos pobres. Hoy insiste con una reducción a 1,78 hectáreas, desconociendo que el problema no es de tamaños sino de principios fundamentales de la justicia. Si bien la pobreza puede explicar el delito, nunca puede justificarlo. Por esa vía llegaríamos a la impunidad para el delito por subsistencia, que, infortunadamente, está detrás de gran parte de la inseguridad urbana.  

Parece obsesiva la preocupación del Gobierno por beneficiar a los delincuentes. Aunque el fiscal logró neutralizar las iniciativas de los amigos de Santos en el Congreso para rebajar penas con motivo de la visita del Papa, nada pudo hacer frente a la llamada ley de excarcelación masiva, que está dejando en la calle a miles de presuntos delincuentes.

Pero Santos es terco -¿o tendrá algún otro interés?-. En una de sus  últimas “patadas de ahogado”, no solo pretende darles rebaja de penas, zonas de agrupamiento y condiciones especiales de reclusión a los mafiosos que ahora llaman “Grupos Armados Organizados”, sino que busca hacer extensivas esas gabelas a las disidencias narcotraficantes de las Farc, que no se sometieron al Acuerdo y que, por lo tanto, deben ir a la actual justicia ordinaria. 

El país espera la victoria de Duque el 27 de mayo, para el retorno de la legalidad y de una lección social urgente: que realmente el que la hace la pague.

@jflafaurie