Si, en realidad el tema de la multa  por la compra de la empanada se volvió tan viral que cayó muy pronto en un refrito, término utilizado por nuestros amigos periodistas para referirse a una noticia pasada de actualidad. El tema tiene tanto  de superfluo como de fondo, lo primero por hacer de un procedimiento policivo  sustentado en el código de convivencia, que le da herramientas al policía para evitar burlas, insolencias e irrespetos, porque fácilmente, al incumplir una orden de policía, se puede pasar del desacato a la bufonada, tanto contra el hombre uniformado como contra la misma ley, y si esta situación no se controla, caeremos fácilmente en la anarquía, desconociendo el orden y la autoridad; de donde se colige que los patrulleros en el caso de marras estaban presionados a cumplir con lo establecido en el código y proceder de acuerdo a las circunstancias.

No podemos juzgar el procedimiento porque no somos depositarios de pormenores que rodearon los hechos, pero en verdad un procedimiento rutinario no puede convertirse en tema de escándalo y menos en arma para hacer burlas y chacotas en las redes, a una institución y sus hombres, sin calcular el mal que se hace a la misma sociedad, que va perdiendo el respeto por los valores cívicos. Se entiende también que los patrulleros que deben soportar en las calles aquellas manifestaciones de broma, venida de ciudadanos  humorísticos, les ha faltado templanza para evitar procedimientos que los llevan a repetir el episodio del barrio La Castellana. Ojala todo este mal momento quede zanjado para tranquilidad administrativa; es más importante la unión contra los bandidos que la guasa a un policía.

Ahora miremos  el asunto desde otro prisma, porque no es justo que la policía termine respondiendo por la falta de compromiso frente al problema social que se vive en la ciudad y que es la recuperación del espacio público. Este es un tema más delicado de lo que parece, pues el procedimiento en La Castellana nace de una tutela instaurada por los residentes del sector, quienes pedían el retiro de los vendedores de empanadas y recuperación del su espacio público. Sería saludable que la colectividad entendiera lo complejo del operativo para desalojar estas personas del lugar de trabajo escogido, ese espacio que no tiene dueño y pertenece a todos los habitantes, que algunos vendedores informales ocupan fastidiando a  transeúntes, a  residentes, y  comerciantes formales, incluso a la comunidad en general. Se han hecho esfuerzos para organizarlos y ubicarlos en lugares que se adecuan y destina a ese fin, reconociendo su situación  económica y demás problemas, pero estos grupos no se acomodan y protestan por la falta de comercio en el lugar escogido. Total: queda en manos de la policía en problema social y eso no es justo.