Es bien sabido que las principales fuentes de financiación de los departamentos y municipios son los ingresos corrientes de libre destinación, las regalías y las transferencias de la Nación a través del Sistema General de Participaciones (SGP), creado por la Constituyente de 1991 vino a sustituir al Situado fiscal creado en la administración del expresidente Carlos Lleras Restrepo. El mismo, que representa en promedio el 47% de los ingresos de las entidades territoriales.

Como lo sostiene el ex constituyente Carlos Rodado Noriega, ello se debe a que “muchos actos legislativos le quitaron la fuerza redistributiva al SGP”. Se refiere él a los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, los cuales recortaron las transferencias, pasando de representar el 47.4% de los ingresos corrientes de la Nación en 2002 al 30.5% en 2017.

De allí la importancia de la tarea que le encomendó el Congreso de la República, a través de la Ley 1943 de 2018, a una Misión de descentralización, la cual deberá presentarle una propuesta tendiente a nivelar la cancha, para que se pueda barajar para volver a repartir juego, porque no hay duda que el verdadero desequilibrio de poderes en Colombia es el que existe entre el poder central y los territoriales.

El reto mayor que tendrá el Gobierno central, así como los departamentos, municipios y distritos una vez se supere esta crisis será la de la recuperación y el rescate de los más vulnerables y vulnerados por ella, así como la reactivación y reconversión de la desastrada economía. Para ello, no basta con abrirle la posibilidad de acceder, si es que lo logran, a los “créditos de reactivación económica” previstos en el Decreto 678 para “fomentar la reactivación”.

Nos parece que sería de gran ayuda para tales propósitos que se hiciera extensivo a todas las entidades territoriales el mecanismo de obras por impuestos, que hoy en día se circunscribe únicamente a las zonas más afectadas por el conflicto armado, para que las grandes empresas que operan en sus territorios puedan ejecutar obras concertadas con los gobernadores y alcaldes con cargo a los impuestos de renta que deben pagar a la Nación. En este mismo sentido y con los mismos propósitos se podría activar el mecanismo de las alianzas público-privadas para la provisión de bienes públicos.

Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno Nacional con respecto al proyecto de ley que está cursando en este momento, a través del cual se reglamentará el Acto legislativo 05 de 2019, que reformó el Sistema General de Regalías (SGR) y se modifica la Ley 1530 de 2012. En el evento que el Congreso de la República no alcance a expedirlo en esta legislatura que concluye el próximo 20 de junio, que es lo más probable, dado que el Presidente de la República quedaría facultado para expedirla mediante Decreto, le solicitamos que ello no se dé sin la previa concertación con las regiones.

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*Miembro de Número de la ACCE