Imperando la Constitución de 1886, con todas sus reformas, la designación del Contralor General de la República se encontraba a cargo de la Cámara de Representantes, en aplicación de un principio liberal e histórico, de que corresponde al pueblo, representado en esta Cámara, ejercer el control sobre las cuentas del Estado.

Este esquema llevó a una politización de este organismo de control,  pues el acuerdo al que se llegaba para la elección entre los diferentes partidos y grupos políticos que imponían sus mayorías,  se veía reflejado al interior de  la Contraloría, en los diferentes cargos que la componían.

Por ello siempre se ha hablado de reformarla, incluso de privatizarla o suprimirla y cambiarla por otro ente; un Tribunal de cuentas o por una auditoria delegada.

La Constitución de 91 la mantuvo, como el organismo encargado del control fiscal,  función pública que ejerce la Contraloría, con la tarea de vigilar la gestión fiscal de la Administración y de todo el que maneje  fondos o bienes de la nación.    Buscando darle transparencia y de alejar el cargo de la política, dándole una mayor autonomía, se decidió que el Contralor fuera elegido por el Congreso de una terna que envían las altas Cortes: Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Constitucional.

Así se pasó el problema a la politización a las Cortes; pues no fue la única función electoral, también tienen, además de las elecciones propias de la rama, las de Fiscal, Auditor, Registrador, etc. Este sistema de contaminar a los magistrados con la política cada vez que hay una elección, aunado la distracción de sus reales deberes para atender asuntos electorales, no ha sido de buen recibo.

Vino entonces  el Acto Legislativo  2 de 2015  conocido como equilibrio de poderes a cambiar las cosas, señalando que el Contralor lo  elige el Congreso de lista de elegibles conformada por convocatoria pública.

Ante el retiro del actual Contralor, que por demás ha cumplido su función cabalmente, corre el Congreso a reglamentar el acto Legislativo y se discute el poner a participar a las Universidades en el proceso, armando el debate de hasta donde en conveniente su intervención. Todo parece indicar que las universidades no quieren ser partícipes de la elección del Contralor, para no verse involucradas en un proceso político. No les falta la razón; así como íbamos a menguar la imparcialidad de las Cortes, ahora queremos es contaminar a las universidades con una elección y un proceso que tiene las mayores dosis de influencia política en el Estado. Las universidades se deben concentrar en su academia y las Cortes en sus funciones judiciales;  no les compete una función  electoral, ni siquiera de soslayo en un trámite de esta naturaleza.   Un proceso de esta envergadura siempre termina politizado y no está bien incluir a las universidades en el mismo.   

El único que no es susceptible de politizarse, porque ya lo está, es el Congreso;  si se viene una reforma a la Justicia, lo más seguro es que comprenda los organismos de control y habrá que repensar  como deben quedar todos ellos, cuales sobran y cuales quedan y como se elige la cabeza.   Lo grave es que el Acto Legislativo está vigente, las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 20 de junio y la elección debe hacerse antes de que el actual Contralor termine su periodo el 19 de agosto. Ensillamos sin traer la bestia.