Cumplió  oportunamente la Corte Suprema de Justicia con su deber constitucional de elegir al Fiscal General de la Nación, de la terna enviada por el Presidente de la República.  La elección recayó en la persona del Dr. Martínez Neira, un aquilatado jurista, con amplio conocimiento del derecho y del Estado, que lo habilitan a cabalidad para desempeñar el difícil cargo en una Institución, ya no tan nueva en Colombia, pero que no ha dado los resultados  buscados y esperados cuando se decidió su implantación en la  Constitución del 91.   Este sigue siendo un país en manos de delincuentes de toda clase y el posconflicto  seguramente reemplazará a los actuales zares del narcotráfico por otros  y aumentará los grupos de las bandas criminales.

Al nuevo Fiscal le han salido críticas de toda índole, como suele suceder cuando se llega a ocupar una función de tanta transcendencia en la vida nacional.   Se ha dicho que, por su basta actividad en el ejercicio de la profesión de abogado, con importantes empresarios como clientes de su despacho, se puede poner en entredicho su independencia. Nada más equivocado; el éxito profesional no puede ser motivo para descalificar  al que lo obtiene; todo lo contrario, es garantía de que se actúa con profesionalismo.  Pero además, si llega a existir conflicto de intereses,  el Fiscal se declara impedido y se aparta del conocimiento del asunto.    En esto si sería conveniente una reforma, pues no debe ser el Vicefiscal el que siempre asuma el conocimiento, siendo  éste de libre nombramiento y remoción del Fiscal; allí si queda en  entredicho su independencia, lo mejor sería que se designara un fiscal ad-hoc, con el mismo procedimiento que se sigue para elegir al titular,  como se hacía en antaño.

También se observan críticas, en el sentido de que el nuevo Fiscal General  es un profesional más inclinado hacía el derecho privado, comercial y financiero y no dedicado al derecho penal.  Tampoco tiene sentido esta diatriba.   La Fiscalía es un complejo organismo, con más de veinte mil personas a su servicio, con gran presupuesto y lo que se requiere es una persona con gran conocimiento del Estado para ponerla en marcha y liderar su actuación.  Para el día a día de los casos que se investigan están los fiscales, que además deben actuar en forma independientemente.

Requiere la Fiscalía un remezón para que administrativamente sea más eficaz y se observen mejor sus resultados frente la aplicación de las políticas criminales y la reducción de la delincuencia.   Estamos convencidos del acierto de la Corte Suprema en la designación del Fiscal en una persona con un perfil que cumple sobradamente con los propósitos requeridos.