El libre acceso a la información
Si algo ha garantizado a nuestras vetustas administraciones a través de los años, en todos los niveles y en todos los sectores, es el secretismo de sus actuaciones y de sus decisiones. El celo, muchas veces enfermizo, de no pocos de nuestros funcionarios por mantener lejos del escrutinio público las razones de su quehacer, mantiene a nuestros ciudadanos en un verdadero limbo, perjudicial para sus intereses y para los del propio país. El desarrollo armónico e integral de la sociedad moderna demanda un conocimiento pleno de la interacción entre gobernantes y gobernados. Sin ese conocimiento, el desgreño y la incompetencia son el caldo de cultivo de la corrupción.
Por ello debemos congratularnos por el avance legislativo de un proyecto de ley estatutaria de acceso a la información, que busca garantizar y reglamentar ese derecho ciudadano a la información pública y que sus solicitudes y requerimientos sean resueltos pronta y cabalmente y que el desempeño administrativo facilite también mucha de esta información sin necesidad de petición previa. El verdadero ejercicio democrático sólo es viable con el uso de herramientas que amparen la transparencia del Estado. Y, desde luego, esta es la mejor manera de prevenir la acción de los corruptos y, de igual forma, acrecentar el respeto por los derechos humanos en todas sus instancias.
Con mayor razón si nos encontramos empeñados en globalizarnos y nos hallamos en el vórtice de esas nuevas tecnologías que con un simple clic nos acercan al mundo entero y nos traen el futuro. Por ello los congresistas deberían tratar de sintonizar al máximo su legislación con las urgencias digitales de la era contemporánea para que, en un futuro, esas tecnologías no desordenen el derecho.
Nuestras costumbres gubernamentales no son muy apegadas a rendir cuentas detalladamente de sus actos y es por ello que la actividad de hacerlo es muchas veces un saludo a la bandera y se ejerce más en la forma que en el fondo. Pura cosmetología. Aquí habría que apretar las tuercas. Una cabal reglamentación de esta ley permitiría a los colombianos llegar hasta el fondo de los asuntos públicos. De lo contrario los carteles de los corruptos seguirán estrangulando nuestra vida administrativa nacional, regional o municipal.
En este mismo contexto nos preocupan algunos empeños que se tratan de hacer para regular lo que debe ser el libre flujo por las redes sociales. Hoy la Internet es la verdadera garante del conocimiento global y esa preocupación la dejamos aquí expresamente porque hemos sabido que hay "pretensiones procuradoras" en esa dirección. Disposiciones de esta catadura son sólo identificables con autocracias chinas o dictaduras cubanas.
Y si de acceso a la información se trata también deberíamos aprovechar esta ley para que establecer normas y protocolos que garanticen el libre ejercicio periodístico cerca de fuentes comprometidas o de alto riesgo como son las zonas de guerra o de narcotráfico. Esto para que episodios tan lamentables como el del periodista francés no tengan que ocurrir. A los ojos del mundo quedamos a la altura de Afganistán.