Se rumoraba y ya no hay duda, el país se corrompió.  Las instituciones no han estado a la altura para  evitar y combatir la corrupción. Recientes escándalos como el de Odebrecht,  sino es por información de un Estado extranjero,  pasa sin darnos cuenta. 

Ahora, vienen las propuestas para combatirla; seguramente solicitarán aumento de penas y que se reforme la justicia; por allí es la cosa. Esa no es la solución, hay suficientes leyes y con penas bastante fuertes.  No es la amenaza de pena la que termina con los delincuentes, sino la certeza de aplicar la vigente la que los asusta. Hay que evitar la impunidad y judicializar a los responsables.

Hay que mirar que tan eficaz ha sido el cambio que dio el país del sistema inquisitivo al   acusatorio en materia criminal.  Mirar  si el gran fortalecimiento que le hicimos a la Fiscalía, convertida hoy en un leviatán, con avión y todo, trasladándole la capacidad investigadora,  ha dado o no resultados. Ya los jueces no investigan, salvo  contadas excepciones como  la de la Corte Suprema de Justicia con algunos aforados, que ha dado muy buenos resultados.  En parapolítica todos fueron a la cárcel.   Creo que es el momento de poner  los ojos en la Fiscalía como institución y ver qué resultado arroja en estas investigaciones.       Empezó mal sacudiéndose la competencia para investigar las campañas y trasladándole el problema al Consejo Nacional Electoral, como si el problema fuera de sobrepasar topes.  Por supuesto que la Fiscalía es competente para investigar los delitos contra el sistema electoral;  el tema de los topes para el gasto de las campañas, es un tema menor comparado con la responsabilidad penal, cuya investigación es competencia del Fiscal.

También  hay que  evaluar los organismos de control.  Siempre llegan tarde a la fiesta y nunca se dan cuenta a tiempo.  Sancionar a los directivos del Banco Agrario por presuntamente haber acomodado los protocolos para prestarle a un quebrado ciento veinte mil millones de pesos de los colombianos, por supuesto que debe ser investigado disciplinariamente y sancionado si el caso;   pero, ¿No hubiera sido mejor tener la capacidad previsora de evitarlo?  Mientras las cabezas de los organismos de control  designen  cuotas políticas en sus dependencias y seccionales, poco van a poder hacer para combatir la corrupción.   

Otras instituciones también están llamadas a cumplir un papel preponderante en la lucha contra la corrupción, como las Superintendencias. El país viene con una política equivocada con estas entidades. En los últimos años sea dado a la tarea de trasladarles funciones jurisdiccionales, abusando de la norma constitucional que permite  asignar funciones judiciales de manera excepcional a las autoridades administrativas, al punto que están convertidas en juzgados del circuito.  Esa no es su función;  le prestarían mejor servicio al país con otras funciones preventivas que bien pueden cumplir.

Necesitamos por tanto convertir la lucha contra la corrupción en un propósito de Estado; en la principal política pública a fin de poder ganarle a la partida a los corruptos, que hasta ahora, parece que vamos perdiendo. El gran problema que tenemos es  hasta donde hemos llegado, porque cuando   ¡La sal se corrompe …!