Salario mínimo ilegal
La  Constitución de 1991 declara que Colombia es un Estado Social de Derecho; sin embargo, pareciera que esta declaración es un homenaje a la bandera. O tal vez, para este país macondiano, el sentido de esta proclama es diferente al que históricamente ha tenido desde la famosa Constitución de Weimar que hunde sus raíces en los movimientos obreros de 1848. Ha pasado mucha agua por debajo de los puentes desde esas fechas hasta hoy y, no obstante, los desequilibrios sociales son patentes y la justicia no llega aún a cubrir espacios de atropello y arbitrariedad en el campo laboral y de seguridad social que fue, en síntesis, el propósito de ese movimiento político y económico que se condensó en la idea de un Estado Social de Derecho. De ahí la indignación.
La alusión a la mentalidad macondiana, de una población que no encuentra en la historia del Nobel, El Coronel no tiene quien le escriba, una denuncia y protesta suficiente para generar indignación, sino un distraimiento literario y fantasioso, es para probar que sí existe un mundo mágico o alienado al que la historia no lo alcanza o le pasa desapercibida, condición por la cual, definiciones tan importantes como que Colombia es un Estado Social de Derecho no tienen ninguna repercusión en la realidad.
El vice Angelino, otra vez el Vice, invita a que el salario mínimo legal para el próximo año sea el resultado de un acuerdo entre patronos y trabajadores que estipule una remuneración digna al trabajo. Al tiempo, el delfín Presidente de la Cámara le hace coro y reclama que el salario mínimo debe ir más allá del índice de la inflación y otras alegóricas menciones sobre el tema. ¿Será que todo esto es cierto?
Para que el Estado sea un Estado Social de Derecho es indispensable que la autoridad intervenga puntualmente y sin disculpa en sectores comprometidos con la satisfacción de las necesidades sociales aplazadas históricamente. Aparte de que esa intervención es necesaria para que se logre que el salario mínimo alcance las metas que Simón Gaviria se fija en este campo, también será necesaria para que ese salario corresponda a la jornada laboral reglamentaria y al total de prestaciones obligatorias de los patronos con sus empleados, y esto sí que es una alucinación.
Una cifra mayúscula de los trabajadores registrados en las estadísticas oficiales para demostrar el crecimiento de la ocupación, ganan por debajo del salario mínimo; una remuneración cercana a $ 190.000 y el Estado no hace nada para reprimir a quienes explotan la necesidad surgida de la desocupación. Se trata de una ocupación regulada por la oferta y la demanda, un sistema que repudió y condenó el Estado Social. ¿No será hora de crear una policía laboral tan eficiente como la policía de tránsito que vigile el cumplimiento de las normas mínimas del derecho al trabajo y combata el salario mínimo ilegal?