No más cárceles ni carceleros
“Falsos positivos también invade despachos judiciales”
Inauguraba el gobierno mexicano un establecimiento carcelario de máxima seguridad, en Toluca, la Penitenciaría de Almoloya de Juárez, acontecimiento publicitado con gran despliegue por los medios y la asistencia de autoridades responsables de la represión del delito. La preocupación era poner a buen recaudo a los traficantes colombianos. El Procurador de México, funcionario subalterno del Presidente, oficiaba la ceremonia en compañía de una cohorte de burócratas. El establecimiento, por supuesto, demandó altísima inversión, motivo por el cual un periodista pregunto el por qué se preocupaba y ocupaba tanto la autoridad por construir cárceles y no escuelas? La respuesta no se hizo esperar: “porque a la escuela ya fuimos - dijo el Procurador- y ni modo de volver”.
La anécdota viene a cuento, a raíz de la noticia de la semana: el gobierno colombiano espera invertir astronómicas sumas de dinero en la construcción de cárceles de máxima seguridad. La justificación es lógica: informa el Inpec que la población de reclusos aumenta en progresión geométrica y las razones son múltiples y de todos sabidas, pero principalmente porque la oralidad en el proceso y la presión social que se ejerce sobre los operadores judiciales – ahora se le llama así a los jueces- se ha constituido en un factor de política criminal.
En audiencia realizada dentro de un proceso seguido contra un inocente, acusado torcida y mal intencionadamente y sin prueba evidente de abuso sexual a una menor de 5 años - incapaz de recordar hechos ocurridos hace 3 según lo determina la psicología experimental y el conocimiento vulgar de la vida- el operador judicial le profirió medida preventiva de detención argumentando que esa privación de la libertad no significa una condena y, además, porque teniendo en cuenta la alarma social que este tipo de conductas viene generando los jueces no se pueden mostrar indiferentes y deben obrar con la mayor severidad.
Semejante proceder, naturalmente, hace pensar que quien juzga no es quien tiene el deber de fundar decisiones con apoyo en inferencias razonables, sino que actúa visceralmente, con la misma voracidad del carcelero. En ese orden de ideas, el sentido de justicia se transforma en acción de venganza y los presidios de saturan de inocentes, juzgados a partir de la improvisación que obliga al operador judicial a pronunciarse apurado por el tiempo y no por la razón y el sentido ético de su función. ¡Grave!
Una de las explicaciones a este fenómeno social hay que encontrarla, principalmente, en las facultades de derecho. Ya la cátedra no se imparte para formar juristas. Ahora se persigue ante todo informar operadores, de ahí que el computador y la informática sean herramientas insustituibles para que el operador pueda sustituir la inmediación con los videos de la audiencia y cumplir con las estadísticas: índice de competencia. La epidemia de falsos positivos invade también los despachos judiciales.