Democracia participativa


José  Saramago noveló un ensayo que para muchos parece un sueño o utopía. Imaginarse que todo un pueblo, valiéndose de las urnas y no de los sicarios, imponga su voluntad y obligue a sus dirigentes a presentar fórmulas electorales que atraigan a la colectividad; esto, al menos para muchos, era inimaginable. Pues bien, en Bello, Antioquia, el voto en blanco logró las mayorías y ahora se vuelve a barajar, en busca de una segunda oportunidad. Definitivamente, hay que admitir que la reforma del 91 viene aportando educación política y esto es un avance importante, porque crear conciencia de que la participación es la fórmula para acabar con la corrupción y las camarillas, es una lección ejemplar.
De peldaño en peldaño se llega a la cima; las gentes están adquiriendo conciencia de que las viejas fórmulas no son constructivas ni útiles. Protestas contundentes, sólidas y cohesionadas dan resultados positivos. La explotación minera en el páramo de Santurbán se logró detener gracias a la manifestación de ciudadanos que se opusieron al otorgamiento de la licencia ambiental por considerarla lesiva para la región. El ciudadano ya no es un convidado de piedra frente a las decisiones del Estado, su opinión vale.
El proyecto hotelero del Parque Tayrona, inicialmente anunciado por el Presidente, despertó tal cantidad de rechazos y críticas que a última hora el ministro Frank Pearl no tuvo más remedio que recular y comunicarle al país que acerca de esta iniciativa nada había en concreto, razón que calmó a miles de twitteros y a otras cadenas que hicieron causa suya el rechazo.
El caso más aleccionador y ejemplar de que “el pueblo unido jamás será vencido”, siempre y cuando su organización y demandas se encuadren dentro de los márgenes de tolerancia, lo demuestra la solución pacífica que se logró en relación con la controversia que suscitó el proyecto de reforma a la Educación Superior, presentado por el Gobierno al Congreso y que provocó la descalificación unánime del sector educativo, en todas sus instancias.
No cabe duda de que las críticas que se han hecho a la reforma de la Ley de Educación Superior son razonables y ello se deduce de una particular subvención que a ciertos ejecutivos del Ministerio de Minas se les da, con dineros oficiales, para que financien los estudios suyos o los de sus hijos. Independientemente de que esta regalía resulta odiosa, por ser discriminatoria, pues todos los estudiantes deberían contar con estos auxilios y no solamente los hijos de los ministros, lo cierto es que para que haya justicia social y equidad es perentorio que el acceso a la educación superior no sea un privilegio de algunos, sino un derecho de todos los que tengan las aptitudes y capacidades para superar su ignorancia. Esta es una verdadera democracia con equidad, lo contrario es seguir condenando a los pobres a vivir en las tinieblas. El país necesita una universidad de puertas abiertas.