En un momento donde las gentes de las zonas rurales clamaban por soluciones verdaderas de conectividad, el país se encuentra con la desesperanzadora noticia que la corrupción sigue entre nosotros, sin límites ni escrúpulos, regresando esta vez en forma descarada dentro de un contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la Unión Temporal Centros Poblados (UT), por 1,07 billones de pesos. 

7.000 mil colegios de las zonas rurales iban a ser los beneficiarios directos de esta implementación de conectividad que pretendía llevar internet gratis por 11 años y que hoy se encuentran en el limbo, pues los recursos que inicialmente se habían destinado a manera de anticipo se encuentran casi perdidos.

El incumplimiento parcial en la entrega de puntos de conectividad contratados hizo que se llamara al garante bancario, como es normal, encontrándose que las documentos soportes eran falsos y que el banco Itaú no amparaba el negocio, ni mucho menos los recursos girados a título de anticipo. De ahí se destaparon además en rama, otra serie de contratos y de irregularidades, que prendieron las alarmas en el Ministerio, pues ya aparecían este tipo de garantías sin que hasta ahora conozcamos si también eran apócrifas.   

El valor de la garantía que amparaba el anticipo de 70 mil millones, tampoco es de baja denominación, afirma la unión temporal que fueron cerca de 2.500 millones de pesos que se pagó por ella y que al parecer se perdieron en el camino, pues como dije antes, ese documento era falso. 

Lo que más preocupación causa ahora es que las personas y hasta empresas que participaron en esta vergonzosa contratación habían, en el año 2019, realizado un contrato con el Fondo de Tecnologías de la Información de Colombia (Fontic) por un valor de 25.536 millones de pesos y el presente año con el Instituto Nacional de Vías, tendrían pendiente la ejecución de uno en obras por de infraestructura vial por 45.000 mil millones de pesos, donde ya hay un anticipo girado y sin ejecutar en su totalidad por casi 20 mil millones de pesos, lo que denota que pareciera estar estructurado todo un andamiaje lo suficientemente soportado, no solo para quedarse con este tipo de licitaciones, sino para hacer presumir la legalidad de los documentos y procedimientos obrantes en estos procesos, dando incluso formas de legalidad a la inversión del anticipo, no importando que se giraran a empresas o sociedades de los mismos integrantes de la unión temporal.

Se insinúa, incluso, la injerencia de exfuncionarios en la adjudicación de estos procesos, donde se habla de cifras de 6.000 millones de pesos pagados en comisiones, por lo que estamos frente a un escándalo de proporciones mayores. 

Es muy pronto para determinar responsables directos, lo cierto es que ya los damnificados están claros: son los miles de niños que debían beneficiarse con un contrato de éstos, y que ahora ven nuevamente frustradas cualquier posibilidad de lograr esa competitividad. Seguimos fracasando como Estado por una corrupción que nos tiene hastiados, pero que nos persigue.