Los sistemas políticos y electorales latinoamericanos vienen atravesando por un importante deterioro: En primer lugar, porque cada vez se reduce más la confianza en estas instituciones, lo que se demuestra con las últimas encuestas en 18 países de la región, donde la confianza frente a los órganos electorales no supera el 28% y en relación con la democracia, el descontento llega al 71%. En el caso Colombiano las cifras son relativamente mejores.

En segundo lugar, hemos visto como en algunos países modifican con frecuencia las reglas electorales lo que indudablemente genera serios problemas de credibilidad y sospecha de manipulación. La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), en su Código de buenas prácticas en materia electoral, señala que si las reglas cambian con frecuencia el elector puede llegar a desorientarse y no comprenderlas, pero lo más complejo para la democracia, es que el ciudadano puede llegar a pensar que se trata de estrategias de manipulación en favor de los que ostentan el poder.

En tercer lugar, existen algunos países donde se desconocen las reglas definidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las características generales definidas para una arquitectura verdaderamente democrático. En efecto, la Convención Americana de Derechos Humanos no estipula la manera como debe establecerse un sistema político en particular, lo que supone que existe discrecionalidad de los estados para definirlo. No obstante, tal discrecionalidad no es absoluta y, por tanto, debe cumplir con un marco de legalidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad, que, de no atenderse, vuelven a la regulación ilegítima y contraria al respeto de los derechos humanos.

Es evidente que no hay un sistema electoral perfecto, inclusive, ni siquiera uno mejor que el otro. En definitiva, aquel donde los ciudadanos confíen y acepten los resultados como la regla de las mayorías es el más óptimo.

Lo preocupante, es que permanentemente se registran noticias que desnaturalizan la democracia en Latinoamérica, como por ejemplo, la persecución en Nicaragua a los opositores políticos, que, inclusive, hizo necesaria la intervención de la Corte Interamericana, decretando medidas cautelares en favor de los opositores al Gobierno y ordenando adoptar medidas necesarias para proteger la vida, la integridad y libertad personal de los detenidos y sus familias. Algo semejante se presenta en Venezuela, donde también la Corte ha venido interviniendo desde hace varios años en favor de ciertos grupos de oposición.

La decisión del presidente Lasso en Ecuador, disolviendo la Asamblea Nacional y convocando a nuevas elecciones, a través de la figura conocida como “muerte cruzada”, es otra muestra de la inestabilidad democrática de América latina. Y qué decir de la situación que se vive en Perú, con una Presidencia interina después de la destitución de Pedro Castillo por intentar disolver el Congreso.

El estallido social que se fue contagiando en diferentes países de la región y el gran choque ideológico que se respira actualmente es determinante para sumar a la crisis política que hoy se vive en Hispanoamérica. Como quiera que se trata de regímenes presidenciales, lo pertinente es que exista pleno equilibrio entre los poderes públicos, de manera que opere el sistema de pesos y contra pesos.