Contrasta el pobre debate sobre las armas, promovido por uno de los polarizadores de oficio con espacio en los medios, Gabriel Silva, quien se atrevió a inventar que Uribe y Lafaurie quieren revivir el paramilitarismo y legitimar miles de armas de los ‘paras’; con la sólida política de Seguridad y Defensa anunciada por el presidente Duque.

El señor Silva posa de ponderado y se rasga las vestiduras por la polarización imperante, mientras él mismo le echa leña a la candela e insiste en segregar, al estilo mejor santista, entre buenos y malos. En este país alterado y proclive a la violencia, tan irresponsables afirmaciones se convierten en amenaza para los ganaderos.

Esos falsos “ponderados” son los mismos que hoy se apresuran a atacar y desdibujar la “Política de Seguridad y Defensa para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”, sosteniendo que es la versión 2.0 de la Seguridad Democrática, que resucita los cooperantes e involucra a la ciudadanía. Ricardo Silva, en una columna tan polarizante como la de su tocayo Gabriel, concluye que “volvemos al relato de esa Colombia en la que no nos queda más que armarnos, espiarnos, crearnos peligrosas redes de vigilantes”.

No señores. Su afán de polarización los induce al error y el engaño, pues, a pesar de ellos, la nueva política ha sido recibida con expectativa, toda vez que incorpora elementos diferenciadores que obedecen, como debe ser, a principios y convicciones, pues una política es solo una caja de herramientas, si no tiene detrás un concepto y una posición ideológica que la conviertan en guía para la acción.

Es acertado involucrar a la ciudadanía, porque la seguridad, como el parque y el transmilenio, es un bien público que todos debemos cuidar. No se trata de “peligrosas redes de vigilantes”, sino del deber cívico de denunciar a un colado, un abusador o un asesino. Lo contrario es persistir en la indiferencia, porque la responsabilidad es solo del Gobierno.

¡Falso!

Es coherente el punto final a los ceses bilaterales, no sólo porque vulneran los deberes constitucionales de la Fuerza Pública, sino porque después de la generosa negociación con las Farc, solo quedan la concentración total y el cese de actividades criminales para cualquier posibilidad de reinserción grupal.

La cooperación efectiva con países amigos como elemento disuasivo no es pragmatismo político de ocasión -no más “nuevos mejores amigos”-, sino comunión ideológica con la defensa de la democracia, la libre empresa y los derechos humanos.

El concepto de “disrupción del delito” para desmantelar economías ilícitas permitirá perseguir actividades más que personas. No podemos seguir viendo impasibles el desastre de la minería ilegal y la deforestación coquera, sin que el Estado llegue a esas regiones a cerrarles el cerco a esas actividades.

De ahí la trascendencia de otros dos componentes, sobre todo para el campo y la producción agropecuaria: Primero: el paso del efímero control territorial al necesario control institucional; a la presencia del Estado en todo el territorio; y segundo: el reconocimiento de la biodiversidad y el medioambiente como activos estratégicos.

Y aunque parezca instrumental, la aplicación intensiva de “innovación, ciencia y tecnología”, para preservar la seguridad y luchar contra el crimen -dos caras de una misma moneda- , es definitiva en una sociedad cada vez más compleja y amenazada por organizaciones criminales “de última generación”.

Estigmatizar y seguir polarizando es el camino a la destrucción social. Sin menoscabo del aporte constructivo, acompañar una política coherente y bienintencionada, que necesita de la participación de todos para ser exitosa, es el camino al futuro.

@jflafaurie