Al oído de los alcaldes
Continuando  con mis apreciaciones sobre seguridad ciudadana, tema que he tratado en las últimas semanas buscando motivar a los futuros burgomaestres a dirigir buena parte de sus esfuerzos hacia la salvaguardia de los intereses comunitarios, en cuanto a tranquilidad y bienestar, no sobra recordarles que hemos hablado sobre los diferentes diagnósticos adelantados en los municipios, valorando la vigencia para elaborar futuros programas; desvirtuamos la teoría respecto a la falta de oportunidades laborales convertidas en estímulo delincuencial, reconociendo que brindar posibilidades laborales evita el rebusque cediendo paso a la sensación de seguridad base de tranquilidad; luego nos enfocamos en las estadísticas de mortalidad por ser un aspecto de alto impacto, recomendando el análisis de muertes desglosando causas y escenarios, para identificar un indicador que permita tener claridad ante la problemática criminal de cada municipio, pasando a recolectar información directamente con los ciudadanos en el interior de los hogares, destapando temores de víctimas calladas de delincuentes. Sacando como conclusión que el alcalde es el responsable, por ley y principios, de la seguridad en su municipio, recomendándole unir esfuerzos con la Fuerza Pública puesta bajo su dirección, brindándole herramientas como la capacitación para el cumplimiento de tareas encaminadas a cubrir las necesidades del sector, dotando de equipo y medios la institución policial, poniendo de presente que el liderazgo del alcalde es vital para obtener un clima ideal de seguridad.
Hoy nos referiremos a los delitos menores, pues deben las autoridades administrativas comprender que estos amagos delincuenciales o actividades delictivas menores, pueden, con el paso de los días y ante una complaciente impunidad, convertirse en patologías criminales de gran envergadura; sobre esto existe experiencia en Colombia, para muestra tenemos el narcotráfico, actividad delictiva a la que no le pusimos el cuidado necesario y pasamos de ser país sólo procesador y exportador a cultivador, procesador y consumidor, con un alto costo en vidas e imagen internacional, de lo anterior se desprende una dura lección que debemos acoger, aplicando correctivos severos a los transgresores en estos crímenes menores, orientando al ciudadano por medio de sanciones justas, prontas y resocializadoras.
Esta severidad en la imposición de correctivos brinda seguridad al ciudadano de bien, quien al observar la drasticidad de la autoridad no dudará en colaborar, ubicándose al lado de la ley y luchando por lograr un clima de seguridad para su familia y el entorno social.
Existe un principio llamado de ventanas rotas en el cual se sostiene que ante los vidrios fracturados y sin pronto reparo, se viene una sensación de abandono convirtiéndose en caldo de cultivo y atracción de patologías sociales que juegan en detrimento del entorno. Los futuros alcaldes no deben mirar la seguridad como un programa, sino como una política criminal que les permita fijar los derroteros de su administración.