En sendas oportunidades desde esta columna se ha querido hacer ver que la política de “paz total” ha cojeado porque se ha acometido con más voluntarismo de paz que estrategia de pacificación, lo que, entre otros aspectos, se refleja en el desacople entre la seguridad pública y las negociaciones de paz.

Tras lo ocurrido con el secuestro del padre de Luis Díaz y con la, a última hora, frustrada presencia de una delegación del autodenominado Emc para abrir las urnas en el corregimiento de El Plateado en Argelia (Cauca), el Gobierno y sus equipos negociadores, recibieron lo que podemos llamar golpes de realidad respecto a las disposiciones del Eln y el Emc para negociar la terminación del conflicto.   

No es sino analizar la actitud de alias ‘Antonio García’, quien ante la explosión de condenas al delito del secuestro dio un arrogante portazo a la postura de negociación del Ejecutivo al declarar que esa facción “… no aceptará chantajes ni imposiciones” reiterando además que “… no existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales”. También observar las posturas de alias Iván Mordisco suspendiendo unilateralmente la negociación, presionando asonadas para expulsar tropas del Ejército y, por si fuera poco, publicando un agresivo comunicado en contra del senador Humberto de la Calle tratando de estigmatizarlo, demostrando así la arrogancia y el delirio en el que vive el jefe de esa facción que traicionó tanto a sus jefes compañeros de lucha, como al proceso de paz del 2016.

Lo cierto es que las dos actitudes muestran una arrogancia proveniente quizás de considerar que están en una posición de fuerza simétrica con el Gobierno. Aún más, es el correlato del hasta ahora escaso impacto de los diálogos y ceses de fuego, sobre la tranquilidad y el orden que requieren las comunidades. El aumento de los secuestros - 69% entre enero y septiembre de este año con relación al mismo período de 2022-, la persistencia de los confinamientos forzados y las asonadas contra las tropas en distintos momentos y lugares hablan por sí solos.

Si bien es cierto que la delegación gubernamental condenó el secuestro del padre del jugador y exigió al Eln que devuelva a las demás personas que tiene en cautiverio (alrededor de una treintena, según algunas investigaciones), surgen interrogantes: ¿Acaso no dijo el Gobierno que el acuerdo de cese el fuego incluía también cesar las hostilidades sobre las poblaciones? ¿No se previó que, si la Fuerza Pública dejaba de operar contra el Eln sin estar este en sitios delimitados, tendría vía libre para secuestrar, extorsionar, desplazar, confinar y atemorizar a la población?

Evidentemente el quinto ciclo de negociaciones no puede arrancar con la agenda y cronograma pactados al cierre del cuarto. Es imperativo que se aborde desde ya, no la negociación de cómo reemplazar los ingresos que percibe la organización por el secuestro y otros delitos, sino la proscripción obligatoria de los plagios en concordancia con el DIH.

Así las cosas, es imperativo que el Gobierno, cuya estrategia parecería dirigida a debilitar las nociones de orden y autoridad, corrija la falencia y ponga de entrada los puntos sobre las íes. La paz es un derecho superior pero su búsqueda no puede sacrificar la legitimidad estatal ni dejar a los colombianos inermes ante la barbarie delincuencial.

A estas alturas de la “paz total”, el presidente debería tomarse una pausa para identificar claramente tanto las intenciones como el tipo de grupos que está buscando reintegrar a la sociedad, y, a partir de esto, hacer los replanteamientos que requiere la política de paz incluyendo la irradiación del necesario ambiente de seguridad, para que dicha política tenga respaldo ciudadano y provoque el primer efecto esperado: la sensible disminución de la violencia sobre las comunidades.