En el Alto Remanso, una vereda de Puerto Leguízamo, Putumayo, el Ejército ejecutó una operación que dejó once muertos y cinco heridos, que según el parte oficial eran integrantes de los “Comandos de Frontera”. Pero de acuerdo con una investigación periodística realizada por tres medios de comunicación, los combates se dieron en medio de un bazar comunitario en el que, si bien había algunos miembros armados de dicha banda delictiva, entre los muertos se encontraron un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa y un menor de edad. En fin, aunque la investigación penal está en curso, todo indica que al menos hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la unidad militar. Si fue doloso o culposo lo tendrá que establecer la investigación penal.  

Aunque hay que reconocer que el incidente no ha sido el más grave si se le compara con otros de los últimos años -como los bombardeos donde han muerto niños- también hay que decir que los excesos en el uso de la fuerza en buena parte se originan en que el Ejército es una fuerza cuya letalidad se torna excesiva para enfrentar delincuentes como los “Comandos de Frontera”. Es que las bandas delincuenciales no son ni ejércitos ni guerrillas, aunque posean armas largas y alguna organización. 

Lo cierto es que la actividad en torno a esas delincuencias que afectan la seguridad pública en el campo, son catalogadas como amenazas “híbridas” cuya neutralización demanda del Estado una respuesta institucional intermedia que además sea pertinente para mitigar los efectos de las disputas armadas entre bandas dedicadas al narcotráfico sobre la población civil.

Una Guardia Rural es el tipo de respuesta institucional faltante. Su doble naturaleza civil y militar con características doctrinales y operacionales a la vez versátiles y específicas hacen de esta, el tipo de Fuerza Pública más potencialmente eficiente frente a los principales retos a la seguridad pública rural. Retos que no son adecuadamente enfrentados ni por la Policía por defecto, ni por el Ejército por exceso.

Es más, una Guardia Rural está en capacidad de ejercer suficientes medidas preventivas que salvaguarden los derechos de la población civil, yendo más allá del freno temporal a la amenaza como lo trata de hacer el Ejército. Y digo “trata” porque este no ejerce control territorial permanente. En cambio, como una Guardia Rural es una especie de policía con estatuto militar, puede dedicarse permanentemente a la territorialidad asignada interactuando con las comunidades y autoridades civiles en la provisión de un ambiente seguro bajo el imperio de la ley y el orden.

Lo cierto es que si se crea una Guardia Rural se facilita reorganizar al Ejército como fuerza exclusivamente militar, incrementando su capacidad operacional frente a verdaderas amenazas a la seguridad nacional. Sería la solución para reversar los procesos de militarización de la Policía y desprofesionalización del Ejército que ocurrieron por el prolongado y descompuesto conflicto armado interno. Aún más, esta propuesta es implementable sin erogaciones presupuestales extraordinarias mediante el desdoblamiento, reeducación y reentrenamiento de parte del Ejercito y de la Policía.