GUILLERMO FRANCO CAMACHO | El Nuevo Siglo
Domingo, 21 de Octubre de 2012

Marcha

 

Es  amplia la serie de temas y reflexiones derivados de Política Integral de Tierras (2011) de Juan CamiloRestrepo, ministro de Agricultura y DesarrolloRural yestas líneas  continúan  la marcha por lossenderos indicados.

El autor señala aspectos de política agraria adicionales a los ya mencionados, en esta columna, en el análisis de su obra: reforma de agro ingreso seguro, bosques naturales, zonas protegidas (parques nacionales, reservas forestales, áreas de protección regional y local para indígenas y afrodescendientes), regímenes catastral y predial, ganadería extensiva e intensiva, riego y drenaje, contingentes, costos insumos agrícolas, disponibilidad bienes públicos por encima de los subsidios, Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura, cooperación técnica de la CIAT y Brasil y observación de avances en dicho país y Perú.

Fueron extensas las modalidades de despojo y abandono forzados de tierras y una de ellas envolvió al Incora y el Incoder. La primera entidad otorgó predios con la exigencia de permanencia en los mismos; surge la violencia reciente y los ocupantes se ven obligados a salir de sus posesiones. El jefe paramilitar de la zona se acerca al Incoder y solicita la reasignación de las fincas “libres” a sus subalternos y así ocurre. Estos casos corresponden a la “pseudo reforma agraria”.

El Ministro relata dos situaciones que no pudo resolver: campesinos despojados de sus tierras durante la guerra civil de los 1.000 días y en la época denominada La Violencia. Los incidentes señalados desbordan el límite temporal fijado por la legislación sobre víctimas y restitución de tierras y la opción es acudir a la normatividad tradicional, lenta y deficiente, reemplazada por la justicia transicional. Tal vez sea posible ampliar el período de aplicación de la mencionada legislación, en el futuro, y aprovechar la esperada mejoría en el sistema judicial derivada de la creación de la jurisdicción agraria especializada y sus complementos operativos e institucionales.

Conviene recordar el incidente sobre Carimagua, cuyo manejo fue cambiante en los tiempos de Andrés Felipe Arias y, en última instancia estuvo asignado a empresarios; el trato será múltiple con Restrepo: pequeños propietarios e investigación. Al final de la obra reseñada se detallan los debates, en el Congreso, con el senador Robledo. Se sugiere la elaboración de documentos comparativos de la gestión actual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con las anteriores y, en particular, la de Uribe Vélez.