Como lo afirmamos en la nota pasada, el problema del Bronx se extendió  en el tiempo y la ciudad. La dimensión que están tomando las cosas no deja  buen sabor, por el contrario, es muy  preocupante. Ya vemos cómo los grupos de habitantes de  calle se han vuelto itinerantes en diferentes puntos  de  la ciudad, haciendo presencia  de acuerdo a los planes  de narcotraficantes  que, soportados en  miedos y necesidades de droga, presionan estas tribus urbanas  a  intimidar ciudadanos, convirtiendo en dormitorios sectores residenciales y comerciales,  con detrimento de toda actividad social .

Los medios de comunicación este fin de semana se ocuparon del tema de manera exhaustiva, demostrando conocimiento e investigación sobre  los componentes   que rodean esta problemática, recogiendo  conceptos venidos de expertos en seguridad ciudadana, que  recomiendan mantener  la oferta  de atención social, presentada por la Secretaria de Integración Social,  acompañada de la operatividad policía. Estas recomendaciones,  que son bienvenidas, tienen una falencia y es la incapacidad jurídica para presionar por parte de la administración   la aceptación de las ofertas rehabilitadoras,  y en cuanto  al accionar policivo, la institución tampoco cuenta con herramientas legales que le permitan actuar contra esta personas que generan sensación de inseguridad comunitaria. Estos individuos no sólo piden ayuda o limosna en las calles, sino que hacen presencia en comercios, restaurante, tiendas, y demás, exigiendo dinero  con amenazas  y agresividad. En pocas palabras ningún sector o barrio de la ciudad están exentos de verse invadido por estos grupos que tanto mal originan tras de sí.

Las  autoridades  encaran  la problemática sin recursos. Como lo venimos   sosteniendo, la sentencia de la Corte Constitucional  cierra el paso a la rehabilitación  presionada, la Policía  no cuenta con facultades ni lugares adecuados,  no obstante estas personas alteren el orden público  y los vecinos tengan  el derecho de pedir respeto en entonos laborales y habitacionales. Urge  un gran frente de acción ante esta crisis,  jurídicamente se le debe buscar  una salida, la sociedad   alerta y apoyando con información  sobre la presencia de estos personaje en sus entornos y la policía respondiendo los llamados con  prontitud. Todo ello sostenido en  pronta recuperación.

No podemos permitir, como ya se  preludia, que la comunidad quiera tomar la justicia por propia mano porque  eso sería fatal para el Gobierno nacional, la administración y la ciudad. Sabemos que el  enojo puede  invitar a la acción  de diferentes comunidades,  y entendemos el  desespero por preservar la seguridad ciudadana,  pero ese no es el camino. Cedamos espacios a la autoridad, que de seguro vendrán apoyos  y salidas legales, no podemos actuar como antisociales, ni combatir este flagelo sin apego a la  ley. La policía juega un papel de mucha responsabilidad para desestimular estos brotes peligrosos y definitivamente criminales