El proyecto de ley que presentó el Ministerio de las TIC a el año pasado y que estuvo a punto de ser pupitreado sin mayor debate en plenarias, se enredó por unas discusiones relacionadas con el acceso a la televisión pública que a la postre se remediaron con una generosa ampliación de 10 años para la concesión del canal Uno sin costo adicional, que terminaron acallando esta ola aupada por los periodistas que participan como socios en esta concesión, pero ya fue tarde para lograr a última hora su aprobación quedando su trámite final pendiente para el presente año en la próxima legislatura.

Creemos que todo este ruido que se presentó alrededor de la televisión no permitió ver el verdadero lío mayúsculo del proyecto, que pareciera querer entregar a los operadores móviles el manejo absoluto del espectro, casi como si fuese de su propiedad, recurso fundamental en las telecomunicaciones y que en nuestra constitución es parte del territorio nacional. Proponer como se plantea que los operadores tengan permisos por 30 años renovables una y otra vez, en un sector con gran cambio tecnológico y sin posibilidad de que el Estado revise las condiciones de explotación del mismo es entregar la soberanía en el acceso a las telecomunicaciones, que hoy en día son de banda ancha y móviles, a los privados que manejan estos servicios.

Es importante mantener cortes de cuenta periódicos, tal como sucede hoy, donde se revalúan obligaciones, contraprestaciones y condiciones de prestación de los servicios cada 10 años en un sector donde es constante la innovación y el cambio tecnológico y así mismo es constante la valorización de este activo. Entregar a los privados el control del espectro por 20 o 30 años por un valor que solo podría sacarse del sombrero ante tanta incertidumbre futura, con todo lo que ello implica para las finanzas del Estado, sería tanto o más nefasto que lo que sucede hoy en radio, donde se otorgaron ya hace décadas licencias eternamente renovables a precios irrisorios mientras los privados que las obtuvieron se lucran con exorbitantes arriendos que cobran por ellas a las grandes cadenas, sin que el Estado vea un peso adicional por esta explotación comercial de un bien que es público.

Si se analizan los impactos económicos de todo lo que contiene el proyecto, este punto es el que de lejos sobrepasa todas las demás propuestas legislativas. ¿Quién es aquí el gran beneficiado? Pregunta fundamental para el debate en el Honorable Congreso.

Adenda:

Colombia debe tener sumo cuidado para no dejarse “torear” de Nicolás Maduro y las autoridades venezolanas. La extrema debilidad en que se encuentra Maduro podría inclinar a este a crear un conflicto fronterizo para invocar el nacionalismo de los venezolanos y comprometernos en una confrontación que tendría consecuencias catastróficas para los dos países. Un conflicto colombo - venezolano hipotecaría el futuro de las dos naciones por lo menos durante cien años.  Es una herencia que no podemos dejar a nuestros nietos.