El Congreso de la República tiene como funciones propias hacer las leyes, interpretarlas, ejercer el control político y, como Constituyente derivado, puede reformar la Constitución Política. A menudo la percepción que se tiene de un Congreso de la República que cumple con su deber es aquel que expide el mayor número de leyes, por ello ningún congresista quiere quedarse atrás a la hora de presentar sus propias iniciativas, las que sumadas a las del ejecutivo son muchas y se termina sacrificando la calidad por la cantidad.
No obstante que muchos proyectos se quedan en el camino, se hunden y no alcanzan su cometido, no dejan de proliferar aquellas que alcanzan a convertirse en leyes de la República, muchas de ellas sin ton ni son, inicuas, inocuas y vacuas. Ello es lo que da lugar a la hiperinflación legislativa. Basta con decir que en un sólo cuatrienio (2010 – 2014) se expidieron 296 leyes. Cabe preguntarse, a ese ritmo ¿A dónde vamos a llegar? Esta hiperinflación, dicho sea de paso, afecta la seguridad jurídica, que se fundamenta en reglas de juego claras y estables e incrementa los costos de transacción, dos lastres que, a juicio del Nobel de Economía Douglas North, frenan el crecimiento económico y el desarrollo social de los países.
Son tantas leyes y actos legislativos expedidos por el Congreso que, según el jurista, experto en Derecho constitucional, Hernán Olano, de las 1.830 expedidas desde 1992 no se sabe a ciencia cierta cuales están vigentes, derogadas o declaradas inexequibles. Según él el 30% de las leyes expedidas son inútiles, destacándose entre ellas el cúmulo de leyes de honores; es así cómo entre 2010 y 2016 se aprobaron 100 de ellas, la mayoría de las cuales no son más que un saludo a la bandera.
Se estima que desde la publicación del primer Diario Oficial, en donde se registran y validan las leyes sancionadas por el Ejecutivo hasta la fecha son más de 16.000 las que siguen vigentes, por no haber sido derogadas expresamente, aunque la coletilla con la que finalizan todas ellas, derogando “todas las normas que le sean contrarias” podría haber dado cuenta de muchas de ellas, sin que se sepa al final cuales siguen y cuales fenecen. Ni el jurista más avezado lo sabe. Colombia se cuenta entre las naciones más atrasadas en la región en este aspecto, países como Perú, Ecuador o México han hecho serios esfuerzos en la actualización y tamizaje de su normatividad jurídica. Colombia está en mora de hacerlo.
Por qué no puede el Congreso de la República a motu propio o a pedido del Ejecutivo hacer un alto en el camino, decretar un paréntesis en su acostumbrada actividad legislativa y dedicarse a barrer todas aquellas normas inútiles, para que dejen de ser ese amasijo normativo, fuente de tantos artilugios y argucias jurídicas deplorables. Esta es una asignatura pendiente, hace rato, del Congreso de la República.
*Expresidente del Congreso de la República