El incremento en el número situaciones de violencia, maltrato a la mujer y feminicidios, riñas y acoso en los ámbitos familiar, escolar y laboral, constituye un síntoma que es preciso reconocer como sociedad, para identificar las causas de la enfermedad y el tratamiento más adecuado para afrontarla.

Dos años de pandemia dejan tanto efectos crónicos que aún están por establecerse desde lo clínico, como secuelas que apenas vislumbramos en lo atinente a la salud mental de individuos y colectivos.

Reportan los colegios fenómenos asociados a desatención del alumnado, mayores niveles de agresión y desapego a la autoridad, como también casos de bullying escolar. Los niños de la generación pandémica se acondicionaron al aislamiento y, en general, se acrecentó el apego a la vida digital.

Nuevos hábitos, nuevas formas de relacionamiento, ajustes en las familias, sumados a los efectos económicos inflacionarios que se viven en los tiempos presentes, han causado un acomodo forzado de muchos, con impacto especialmente en la niñez y la juventud.

Desde la época del aislamiento se apreció el incremento inusitado en los casos de violencia intrafamiliar y una vez se retornó al relacionamiento presencial, el reencuentro con el intercambio social no ha sido fácil. El 30% de los jóvenes manifiesta haber sufrido acoso escolar y, según la OCDE, Colombia ocupa el segundo lugar en la región en esta práctica.

Este tránsito progresivo hacia la pandemia de la enfermedad mental, se desarrolla en el escenario de determinantes sociales como la pobreza, la delincuencia y el auge del microtráfico.

Acaso basta algo más para dictaminar la patología de sociedades en las que se asesina por un celular o una bicicleta o se cierran las fiestas con riñas violentas, que dejan luto y consternación.

La recurrencia de execrables fenómenos de violencia y abuso sexual, especialmente contra menores, no solamente debe apreciarse desde el enfoque criminal punitivo, sino que ha de verse como expresión de una problemática sociológica a la cual no se atiende en forma integral.

La coyuntura provocada por la pandemia, tanto como condiciones estructurales de la sociedad, deben ser atendidas para trabajar por la salud mental en el país.

En complemento del esfuerzo escolar, se impone implementar un esquema nacional de prevención y acompañamiento psicológico en todas las instituciones educativas del país, con la dirección y gestión de las autoridades nacionales y territoriales, más los esfuerzos privados.

Una red de atención humana con una línea nacional de respuesta, encaminada a la prevención de la violencia y al fomento de condiciones de adecuado relacionamiento social, exige programas y esquemas innovadores y generalizados que permitan valorar y afrontar los efectos de estos años de restricciones, como contribuir a mejorar el estado anímico y empático de la sociedad.

Es clave que el país vuelva sus ojos a la creación de redes de trabajo social. Se requiere un ejército de gestores sociales y políticas no solo orientadas a controlar o reprimir las conductas. Actualizar y reforzar las coberturas de los sistemas de salud y riesgos laborales resulta imprescindible.

¿Cuál es el seguimiento que se realiza a quienes delinquen y salen de los centros de reclusión? ¿Cómo enfocan las autoridades la construcción de disciplina social y cultura cívica? ¿Cómo universalizar la promoción, prevención y atención por salud mental desde la niñez?

Se requiere mayor acompañamiento a quienes buscan empleo, como a los beneficiarios de programas sociales, de tal forma que el respaldo del Estado sea con subsidios y con atención humanizadora. Extender programas sociales de las cajas de compensación también se requiere.

Por el bienestar individual y colectivo, la salud mental es prioridad.