HUGO QUINTERO BERNATE | El Nuevo Siglo
Lunes, 3 de Octubre de 2011

 

Cadenas de errores
 
Noticias Uno consiguió el audio de las comunicaciones de radio cruzadas entre el patrullero de la Policía Nacional, Wilmer Alarcón, y la central de la Metropolitana de Bogotá, en la que da cuenta de los pormenores de la persecución de unos jóvenes que terminó con la muerte de uno de los que huía de la Policía: Diego Felipe Becerra.
 
El valor de la grabación filtrada, o por lo menos de la parte que publicaron, es que deja saber la primera versión del patrullero, sus impresiones personales inmediatas a la sucesión de hechos que culminaron con el accionamiento de su arma oficial, e incluso percibir por qué obró así.
 
También permite enterarse dónde comenzó la cadena de sucesos que fueron desdibujando los hechos hasta culminar en una tergiversación tan extrema que en las explicaciones públicas de la Policía Nacional, terminaron convirtiendo al joven grafitero en un avezado delincuente.
 
No es fácil enterarse públicamente de los pormenores de un homicidio y menos aún de uno cometido con un arma oficial y ese es precisamente el gran valor de la información suministrada por el noticiero. En el audio es perceptible no sólo la respiración agitada del patrullero Alarcón, sino que se siente la angustia del servidor público por haber obrado como lo hizo. Incluso explica que pensó que el muchacho iba a sacar un arma y que por eso le disparó.
 
Asimismo, se oye que es desde la propia central de radio donde comienza a maquinarse la manipulación de los hechos y que las instrucciones de silenciar las comunicaciones sobre el asunto o la de informarle a un Coronel unos hechos totalmente diferentes a los ocurridos, provienen de alguien que modula como “verde”.
 
La grabación muestra cómo un hecho que podía ser calificado como un homicidio culposo e incluso como un problema de aparente legítima defensa, terminó convirtiéndose para la Policía Nacional en un verdadero desastre institucional por cuenta de una equivocada solidaridad de cuerpo. En ese propósito alguien ordenó silenciar las comunicaciones, otro -“verde”-, le mintió a un Coronel, hubo quien plantó armas en el lugar e incluso quien consiguió un conductor de buseta que “reconoció” una foto del muerto como asaltante suyo. Todo eso para encubrir un hecho que podría tener una solución judicial satisfactoria para el patrullero Alarcón y para la institución policial, pero que ahora compromete a muchos miembros de la Policía en delitos tan graves como falso testimonio, fraude procesal, amenazas a testigos o el de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
 
Cualquier Juez, de la Jurisdicción Ordinaria o de la Penal Militar, está preparado para entender que en una situación de estrés extremo (como una persecución policial) o en patrullajes en zonas de orden público, un miembro de algún organismo de seguridad del Estado se equivoque en un procedimiento o haga uso excesivo de la fuerza, pero lo que si no se comprende es que traten de encubrir errores de procedimiento uniformando cadáveres, criminalizando víctimas o inventándose pruebas.