Hugo Quintero Bernate | El Nuevo Siglo
Lunes, 6 de Junio de 2016
Con los crespos hechos
 
La Corte Constitucional mediante sentencia C-285 del 1 de junio de 2016 acaba de sacar del ordenamiento jurídico las normas del Acto Legislativo 2 de 2015 que creaban ese esperpento jurídico y administrativo que dieron en llamar Consejo de Gobierno Judicial.
 
Las críticas de los críticos de siempre no se hicieron esperar. Académicos, comunicadores y genios intelectuales de esos que nunca han visto un expediente real, ni han tenido que recorrer horas para hacer una inspección judicial, ni saben lo que es dirigir una audiencia oral del sistema penal con la espada de Damocles de una orden de captura pendiendo sobre su cabeza si a la Fiscalía no le gusta la decisión, se asomaron en sus torres de marfil para insultar a la Corte y la Rama Judicial por no dejarse reformar.
Ni siquiera había salido el comunicado de prensa de la Constitucional y ellos ya peroraban desde los programas de opinión de la noche o de los noticiosos de la mañana sobre la sentencia, aunque algunos tenían el pudor de reconocer que no la conocían. La realidad es afortunadamente bien distinta. La Corte Constitucional acertó al acabar con el monstruo.
 
La reforma de “equilibrio de poderes y reajuste institucional” en realidad desequilibró las reglas de pesos y contrapesos de la Constitución de 1991 y en lugar de producir reajuste lo que hacía era desbarajustar el orden institucional.
 
La tesis de la sentencia es absolutamente sencilla. La Constitución consagra como pilar de la autonomía de los Jueces la garantía del autogobierno judicial. Y esa garantía tiene que ser orgánica y funcional. La reforma creó tal galimatías con el Consejo de Gobierno Judicial que en realidad estructuró un órgano que no puede funcionar. Tiene tal cantidad de competencias cruzadas y de intereses corporativos que es simplemente afuncional. Nada más, pero nada menos.
 
Se equivocan los tradicionales críticos de la Rama Judicial al atribuirle a ese nuevo órgano una especie de propiedades mágicas de las que carecía. En los primeros pasos que alcanzó a dar el monstruito, dejó huella evidente de que el remedio era peor que la enfermedad. En buena hora el Consejo de Estado suspendió los actos administrativos y electorales producidos allí.
 
Quienes se solazan insultando a la Rama Judicial ni siquiera se han tomado el  trabajo de ver que las Altas Cortes han cambiado, que lenta pero inexorablemente su integración ha mejorado, lo que además se refleja en la calidad de las decisiones que han adoptado. Además, pasan por alto que la Administración de Justicia no es un tema exclusivamente de los Jueces, es un tema que involucra a toda la sociedad.
 
Los colombianos litigan como lo que son. Dilatan los procesos, los enredan, no quieren reconocer nada y siempre tratan de sacar ventaja. Da igual que sea un “respetable” consorcio comercial o un ciudadano del común, para todos lo injusto es todo lo que no les favorece.
 
Con semejante idiosincrasia es apenas obvio y natural que Juzgados, Tribunales y Cortes estén congestionados. Mientras ésta siga siendo una sociedad injusta y ventajosa, los Juzgados van a seguir reflejando esa realidad en forma de conflicto.  
@Quinternatte