Ex - tradición
Dos recientes noticias aparentemente desconectadas entre sí, la de las penas bajas que el sistema judicial estadounidense les estaría imponiendo a los nacionales extraditados por narcotráfico y la cada vez mayor presencia de abogados gringos -algunos de ellos exfuncionarios de su Departamento de Justicia- ofreciendo sus servicios en las cárceles nacionales, no lo son, sino que representan las dos caras de una misma moneda: la de una estrategia equivocada de la lucha contra las drogas ilegales.
Las penas que se les dosifican en Estados Unidos a reconocidos barones nacionales del narcotráfico que han sido extraditados desde Colombia, cuya responsabilidad no ofrece duda alguna, en el volumen de las exportaciones y en la escalada de los crímenes en Colombia con origen en ese negocio, obedecen a las características propias del sistema legal estadounidense que está montado sobre la base de las negociaciones de cargos, penas y entrega de bienes (plea bargaining).
Lo paradójico es que al tiempo que allá se aplican a rajatabla las negociaciones, lográndose por parte de su sistema judicial pruebas en contra de terceros, desbaratamiento de organizaciones criminales y, sobre todo, la entrega de cuantiosos bienes y grandes sumas de dinero, en Colombia, donde se supone que se aplica el mismo sistema (Ley 906 de 2004), las leyes han venido disminuyendo las facultades de negociación de nuestras autoridades judiciales al extremo de tenerlas reducidas casi al mínimo.
Esa errática política, expresada en todas las normas que se han introducido casi que inmediatamente a la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, ha ido minando la estructura del sistema oral de juzgamiento al excluir de beneficios, subrogados y rebajas de pena a casi todos los delitos graves que se cometen en el país, incluidas algunas modalidades del narcotráfico. La consecuencia natural de semejantes decisiones no es únicamente el endurecimiento de las penas, sino el colapso del sistema acusatorio, pues obligan a que todo caso llegue necesariamente a juicio.
En esa perspectiva, es apenas lógico que los narcotraficantes prefieran ahora una negociación en Estados Unidos que un juicio en Colombia y que incluso estén optando por la extradición simplificada recientemente introducida en la legislación nacional, pues entre más rápido se vayan, más pronto regresan.
Por cuenta de políticas erradas que nos convierten en más papistas que el Papa, el país no solo está congestionando su sistema judicial, sino que está exportando no solo narcos, sino la verdad sobre muchos de los acontecimientos delictivos ocurridos en Colombia y los bienes y riquezas de ese ilícito, pues de los acuerdos económicos no se beneficia sino el Gobierno de EE.UU.
Tal como quedó demostrado en la Cumbre de las Américas, donde se supone que se iba a discutir una nueva política antidroga, a Estados Unidos de América solo interesa mantener el esquema actual, pues en ese escenario ellos no ponen sino los consumidores y al final se quedan con los éxitos policiales, judiciales y económicos del negocio.
A Colombia, como siempre, le queda la corrupción, la contaminación de sus ríos y selvas y el reguero de cadáveres del vicio que usa E.U.
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