Una de las equivocaciones sociopolíticas de la modernidad fue haber promovido la tolerancia hacia todo exceptuando las creencias religiosas, campo en el cual muchos aún confunden laicidad con el ideológico laicismo, llegando por este al punto de cerrar el espacio público a la expresión de las creencias religiosas. Pero las cosas están cambiando y en el último año tres conflictos en diferentes partes del mundo occidental, incluyendo nuestro país, han servido para demostrar que la religión puede estar en el espacio público, sin que ello implique limitar las libertades y expresiones de los demás.   

Por la separación entre Iglesia y Estado las autoridades no deben fomentar las creencias religiosas, pero sí tolerar que los ciudadanos actúen en concordancia con su identidad religiosa siempre y cuando no se afecte el bien común, pero no siempre sucede así. Isabel Vaughan-Spruce es una católica residente en Birmingham que fue arrestada en el último año por rezar interiormente frente a una clínica abortista.

Ocurrió en diciembre de 2022, con base en la “Orden de protección de espacios públicos locales” promulgada un mes antes, prohibiendo protestas contra el aborto en ciertas áreas. Dos policías se le acercaron cuando de pie frente a uno de esos establecimientos, en ese momento cerrado, oraba en su interior sin ninguna pancarta, ni hablando con nadie. Le preguntaron si rezaba, y ella lo reconoció: “no estoy protestando; todo lo que hago es rezar en silencio”. Sin embargo, después de que otras personas fueran también arrestadas por hechos similares, la secretaría de Interior Británica envió una carta a la policía recordando que “los rezos silenciosos en sí mismos no son ilícitos”, y que los policías no deben “tomar partido”, pues su labor es velar por que se respeten todos los derechos incluidos los de la libertad de expresión y pensamiento. Reiteró, además, que mantener opiniones o puntos de vista que son legítimos, por más que estos puedan ofender a alguien, no es delito.

Es que si actuar conforme a la identidad religiosa fuese un delito se derrumbaría una de las principales columnas de la democracia. Así lo reconoció en California en septiembre un tribunal de apelación ante el caso de la Federación de Atletas Cristianos (FCA), un grupo de clubes estudiantiles a los que se les había impedido organizar sus actividades en las escuelas del distrito de San José debido a que, aunque aceptaba a todo el que quisiera unirse, exigía que sus líderes compartieran los valores religiosos fundacionales. El tribunal, enmendando una sentencia previa contraria a la FCA, dictaminó que esta federación y grupos religiosos similares no tienen que renunciar a su fe para existir, reiterando así que hay un lugar para la identidad religiosa en el espacio público.

En la misma dirección hay un litigio por resolverse en nuestro país relacionado con la Corporación Universitaria Reformada (CUR) de la Universidad Nacional. Es esta una asociación estudiantil dedicada al mejoramiento del nivel de inglés de los universitarios que así lo deseen, que también cuenta con una actividad para que aquellos interesados puedan expresar sus principios y valores cristianos. Fue fundada en 2016 por la estudiante Natalia Jaramillo y como todos los años, en el 2020 nuevamente solicitaron a la Oficina de Bienestar Universitario la licencia para operar, pero esta vez fue denegada porque, según la universidad, al concederla se violaría el principio de separación entre Iglesia y Estado.

El caso llegó a la Corte Constitucional en abril de este año. Los representantes de la CUR sostienen que no buscan un trato especial por ser cristianos, sino simplemente que se reconozca a la asociación como un espacio para que jóvenes que comparten unos valores y principios puedan ayudarse mutuamente a crecer en ellos y defenderlos con libertad. ¿Quedará Colombia rezagada en abrir el espacio público a la identidad cristiana?