La identificación no es un tema menor en el planeta, por extraño que parezca, cerca de 850 millones de personas no tienen documento de identidad, o, si lo tienen, no cumple con los estándares mínimos internacionales. Los datos son alarmantes, si partimos de que se trata de un derecho fundamental cuyo acceso es necesario para hacer valer los demás derechos fundamentales de una persona.
Según el Banco Mundial, las personas más afectadas por la falta de acceso a sistemas de identificación y registro civil viven principalmente en economías de renta baja y mediano bajo, muchos de ellos son parte de grupos marginados y más de la mitad de quienes no poseen documentos de identidad son niños cuyos nacimientos no se han registrado. A pesar de algunos avances, las mujeres que viven en países de ingreso bajo aún tienen 8 puntos porcentuales menos de probabilidades de poseer un documento de identidad que los hombres. Según datos, en Latinoamérica de un total aproximado de 11 millones de nacimientos anuales, cerca de 2 millones carecen de registro.
Son múltiples los obstáculos que evidencian la baja cantidad de personas que no cuentan con un documento de identidad. Según el estudio citado, el 46% de los adultos en países de ingresos bajos, señalan no tener un documento de identidad debido a los múltiples requisitos para su obtención; el 44% expresan la dificultad para llegar a los lugares de su expedición dado las largas distancias y el 40% manifiesta que los costos para obtener una cédula de ciudadanía son demasiado altos.
Por supuesto, se señala que todas estas barreras suelen ser más graves para las personas con discapacidad, las minorías sexuales o de género, las mujeres, las niñas, y otros grupos vulnerables. Igualmente se estima que a nivel mundial cerca de 1 de cada 3 adultos sin documento de identidad, manifiestan tener dificultades para utilizar servicios financieros recibir ayuda del Gobierno o postularse para un empleo. Inclusive para ejercer sus derechos políticos o recibir atención médica.
En vista de tal situación, una serie de organizaciones de diferentes lugares del mundo, construyeron los llamados “principios sobre la identificación para el desarrollo sostenible”, que básicamente pueden resumirse en los siguientes postulados: garantizar acceso universal a las personas, eliminar las barreras de acceso, establecer una identidad confiable, proteger la privacidad y la capacidad de acción de los individuos, proteger los datos personales, mantener la ciberseguridad y salvaguardar los derechos de las personas por medio de un marco legal y reglamentario amplio. Estos principios, sin duda constituyen un marco orientador al momento de formular política pública o proponer iniciativas legales o reglamentarias por parte de los gobiernos.
El derecho a una nacionalidad, un nombre y una identidad, es determinante y garantía mínima en un estado democrático si estamos hablando de la posibilidad de que las personas disfruten de sus derechos sociales, económicos y culturales; por tanto, la identificación debe ser especialmente oportuna y de fácil acceso. Por último, y de suma importancia, cualquier sistema de identificación deben garantizar que los datos, especialmente la información personal sensible, sea imposible de revelar o vulnerar.