La propuesta de reforma tributaria que presentó el Gobierno ha sido muy controversial, ha desatado un debate político nacional que, incluso, generó que en pleno pico de la pandemia se realice un paro nacional y se promueva una movilización para pedir el retiro de la iniciativa. Sin embargo, en medio de la gran controversia que genera esta propuesta, vale la pena resaltar que esta reforma contempla importantes disposiciones en materia de impuestos verdes, las cuales debemos seguir debatiendo a futuro, independientemente de si la reforma no prospera.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno plantea una serie de impuestos verdes consistentes en una tarifa del 2% por gramo a los plásticos de un solo uso; también plantea un impuesto a los vehículos en función de su grado de contaminación y una tarifa del 8% para los plaguicidas no orgánicos. Además, plantea la posibilidad de que las ciudades puedan tener peajes urbanos que regulen el creciente tráfico automotor y suministre recursos importantes para el mantenimiento y desarrollo de obras de infraestructura.

En el caso del impuesto al carbono, se profundiza lo que ya había planteado la reforma del año 2016, con la diferencia que ahora se propone gravar todos los combustibles fósiles e incluye al carbón y retira algunas exenciones al gas natural. En un plazo razonable de tiempo, se aspira a que todos los combustibles lleguen gradualmente a una tarifa plena. Esto, además de las motivaciones fiscales, supone una posibilidad de avance de las metas trazadas en el Acuerdo de París.

En el caso de los impuestos a los vehículos, se considera que éste sea un instrumento compuesto que además de considerar el valor comercial del vehículo, adicione el costo de la contaminación que genera. Este factor adicional considera efectos de la contaminación local resultado de las emisiones de los vehículos. Dicho factor dependerá de la tecnología, cilindraje, edad, entre otros. De esta manera, vehículos que generan más emisiones pagaran un impuesto más alto, que sería adicional al impuesto de rodamiento.

Por definición, los impuestos verdes buscan corregir unas fallas de mercado relacionadas con el hecho de que no exista un precio para las emisiones y que la interacción de la oferta y la demanda no logre definir ese nivel necesario que reduzca los costos sociales y ambientales. De ese modo, es necesario usar instrumentos económicos para lograrlo, porque la actividad productiva no está en capacidad de regularse sin incentivos externos proporcionados por el Estado.

Existen estimaciones que indican que el recaudo de estos impuestos podría ser del orden de los 3 billones de pesos, que le darían recursos al país para emprender proyectos importantes para promover el desarrollo sostenible y la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin duda, el debate político no va a concentrar su atención en este último asunto, pero conviene que el país no pierda de vista la necesidad de avanzar en un modelo económico sostenible, para lo cual es imprescindible contar con herramientas técnicas y legales como los impuestos verdes que plantea esta reforma.