La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, abrió una indagación preliminar,  al parecer, con relación a muchos de  los miembros del Congreso.  La investigación comienza con ocasión de una denuncia formulada en el año 2013,  por unos ciudadanos,  por  lo que  en el lenguaje del común y en los medios periodísticos se ha conocido en los últimos tiempos  como  “la mermelada”. Según la denuncia,  muchos congresistas, a cambio de puestos laborales para sus allegados, cupos indicativos presupuestales  y la adjudicación de contratos con el Estado, habrían aprobado proyectos de ley, sin reparo alguno. La indagación que se abre tiene como finalidad examinar la veracidad o no de los hechos denunciados.

Los denunciantes, pertenecientes a la Corporación Foro Ciudadano, documentaron  su  noticia criminis  con informes periodísticos  y señalaron que  los proyectos de ley  que se respaldaron a cambio de la "mermelada",  se referían  al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y  las Farc,  que en ese  momento se negociaba en La Habana. De prosperar la denuncia, se podrían imputar delitos tales como concusión,  cohecho,  peculado y celebración indebida de contratos, etc.

Por la cantidad de  congresistas vinculados a la indagación, solo se tenían antecedentes en el caso conocido como “la parapolítica”,  que sacudió  al Congreso a finales de la década pasada, por relaciones de algunos de sus miembros con grupos paramilitares. También  se vio afectado el Congreso en menor escala, por el escándalo  conocido como  la “Yidispolìtica”, cuando algunos entregaron el sentido de su voto para la reelección presidencial, a cambio, al parecer  de  favores ejecutivos.   Excusa vana la que se escuchó por esos días cuando  se trató de justificar  los hechos, el consuelo de tontos, de que eso lo hacían todos los políticos.  Nada más equivocado, recibir dádivas de cualquier tipo, por cumplir con la función es un delito y su generalización o falta de investigación no lo santifica.  Además, no todos los políticos lo hacen.

Se observa con preocupación los comentarios que se escuchan de lo que cuesta en ciertas regiones del país lograr una curul en el Congreso.  Son sumas astronómicas las que invierten algunos  y cobra sentido la frase de extinto Carlos Gaviria cuando señaló “quien paga para llegar, llega para robar” o para recuperar la inversión, agregaría yo.

Esperamos que por bien de nuestra democracia no se vean comprometidos  la mayoría de los denunciados;  es de esperarse que los grandes dignatarios de la Nación no se encuentren comprometidos en conductas delictuosas;   sin embargo corresponde a la ciudadanía  respaldar a la Corte Suprema en la indagación, pues es lo que le compete de acuerdo con la Constitución  y lo mejor para el país siempre es llegar a la verdad en  estos lamentables episodios.