La paz vuelve y juega
Como principio fundamental que inspira nuestra Constitución Nacional, según se lee en su Preámbulo, se encuentra el de asegurar a los integrantes de esta nación, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo. Mas adelante, en su parte normativa, artículo 22, señala la Carta que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Desde junio pasado contamos además con un “Marco Legal para la Paz”, aprobado por reforma constitucional, que le dio al Gobierno los instrumentos para una Justicia transicional en el evento de la desmovilización de un grupo armado en el “marco de un acuerdo de paz”. Esto implicará seguramente la conformación de una comisión de la verdad, que presidirá el Fiscal General de la Nación y le corresponderá al Congreso Nacional definir, por medio de una ley marco, a quienes se deberá aplicar con todo el rigor las sanciones por crímenes de lesa humanidad.
Para que un grupo armado participe de un proceso de paz debe en primer lugar dejar las armas, reconocer su responsabilidad, contribuir al esclarecimiento de la verdad y reparar las víctimas. La suscripción de un acuerdo de paz supone además la liberación previa de los secuestrados en poder de ese grupo armado interno y que no vuelva a delinquir. Le corresponderá también al Congreso desarrollar los instrumentos jurídicos para que pueda adelantarse el proceso, como la aplicación del Principio de Oportunidad en la Fiscalía, la suspensión de la ejecución de la pena, renuncia a la persecución penal, etc.
Nuevamente hay vientos de paz en el panorama nacional y ello está bien. El Presidente de la República, con prudencia y con la plena competencia que le otorga la Constitución Nacional, ha entendido que es el momento adecuado para un nuevo intento de buscar una solución política al conflicto. Se tiene la experiencia de fracasados procesos anteriores y un mejor conocimiento de quiénes son los contrincantes y los enemigos de la paz en nuestro medio. Con todo ese bagaje estamos seguros de que el Jefe de Estado sabrá conducir al país con sus mejores esfuerzos, para buscar solucionar el conflicto, sin ceder en principios tan fundamentales como la seguridad de los colombianos.
La guerra no puede ser el fin esencial de las políticas estatales. Por supuesto que la defensa de la patria y sus instituciones nunca puede ponerse en duda. La paz hay que buscarla, sin ceder en la decisión de combatir la delincuencia y sancionar a quienes faltan contra los colombianos y cometen delitos de lesa humanidad. Pero de allí a tener la guerra como un propósito, así sea para buscar dividendos políticos, es desatender los fundamentos que deben regir el devenir de nuestra democracia.
Todos debemos apoyar este nuevo intento de buscar soluciones pacíficas al principal conflicto que tenemos. Nuestras Fuerzas Armadas no deben cesar en su admirable lucha contra la delincuencia y recibir con el mejor ánimo este acercamiento, que de ninguna manera puede entenderse como un desestímulo a su labor. Por el contrario, su tarea tiene que continuar decidida y contundente para enfrentar y sancionar a quienes no quieren la paz y atentan contra la vida y el patrimonio de los colombianos.
Así que bienvenido este nuevo esfuerzo. La gran beneficiada será toda la sociedad civil, los campesinos, nuestras Fuerzas Armadas y el futuro de los colombianos.