La justicia y las políticas públicas
Muy a pesar de la fracasada reforma a la justicia, en principio bien intencionada, pero que al final pretendieron utilizar algunos en provecho personal y rompieron con ello el impulso propio que traía el nuevo aire de este Ministerio de Justicia, en buena hora reaparecido en el ámbito nacional, la realidad es que nuevamente hemos vuelto a ver, luego de varios años de letargo, los temas de justicia en el centro de las políticas públicas. Con la reinstalación del ministerio el Estado corrigió un error histórico que en mala hora se había cometido.
Dentro de las más recientes reformas cabe citar la actualización que se le ha hecho al Estatuto del Consumidor por la Ley 1480 de 2001, que entró a regir en el pasado mes de abril poniendo el sistema a tono con lo prescrito por el artículo 78 de la Constitución Nacional. Se le ha dado un verdadero revolcón legislativo al derecho privado colombiano, introduciendo normas esenciales para evitar los abusos de la posición dominante en los contratos por adhesión, marcando pautas interpretativas de las cláusulas abusivas en favor del adherente, haciendo más estricto el deber de información en los procesos de comercialización y distribución de bienes y servicios; y desarrollando el precepto de la responsabilidad de los participantes de la cadena desde la producción hasta el consumo, por los daños que se le ocasionen a las personas. Falta mucho por hacerse pero tenemos un buen comienzo.
El Código General del proceso pone a tono nuestro sistema de derecho procesal con los tiempos contemporáneos. Un gran código resultado de los esfuerzos de la academia. Gran preocupación ocasiona la implementación de la oralidad en todos los procesos; si bien está comprobado que se trata de un sistema que puede ayudar a aliviar la congestión y dar celeridad a los procesos, también es cierto que supone para su cabal implementación de una transformación cultural de todos los agentes que participan en la administración de justicia, así como de una plataforma tecnológica y una adecuada infraestructura física; en otras palabras si no se quiere que fracase y se convierta la reforma en otra frustración, se requiere de recursos y de voluntad política para apropiarlos.
En el mes de octubre entra también a regir un nuevo Estatuto de Arbitraje, que nos aproxima legislativamente al contexto universal, según importantes propuestas de ley uniforme que además hacen más competitivo nuestro país y más atractivo para las inversiones.
Hay que aplaudir por tanto que nuevamente la búsqueda de la justicia sea uno de los fines predilectos del Estado. Ahora habrá que pensar, desde la perspectiva de la justicia transicional, en los instrumentos que deben acordarse y desarrollarse para implementar los futuros acuerdos de paz que están por llegar. La República marcha mejor cuando tiene quien se encargue de trazar estas políticas.