CONDENA AL ESTADO
La sentencia de la Corte IDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) acaba de condenar al Estado colombiano como responsabilidad en la desaparición de once personas dentro del contexto de la toma y la retoma del Palacio de Justicia ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El Estado colombiano deberá pagar una millonaria reparación a las víctimas. Aunque el Estado ha efectuado pagos por daño moral, se ordenaron pagos adicionales por daño inmaterial. Según la Corte Interamericana, en el expediente hay pruebas contundentes sobre que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o de colaborar con el M-19.
Cuando se cumplieron 25 años del fatídico suceso, en los actos conmemorativos, en mi discurso como Presidente de la Corte Suprema de Justicia advertimos que, tales desapariciones, de las que daba cuenta el informe de la Comisión de la Verdad, constituían delitos de lesa humanidad y por tanto no podían beneficiarse con prescripciones ni caducidades.
Vale la pena aclarar que no se trata del mero hecho de la retoma, donde bien podría considerarse como legítimo el actuar por parte de las autoridades militares, aunque en sentir de muchos desproporcionado en la medida que se arrasó con el edificio y los que en él se encontraban, bajo el pretexto de salvar las instituciones. Lo que sucedió después, con “los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instalaciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía”, fue un crimen atroz, una mancha gris en nuestra historia republicana. Algunos de esos desparecidos no tenían vínculos con los guerrilleros, eran trabajadores del Palacio (empleados de la cafetería) o de la Rama Judicial (como el Dr. Urán, magistrado auxiliar, que salió con vida y después apareció entre los guerrilleros muertos) y fueron confundidos con los primeros.
El Estado no podía salvarse de esta condena y además es necesaria para la justicia y la reparación que requiere el caso. La justicia nacional también ha venido avanzando; ya se han producido algunas condenas incluso. No obstante, la Corte Interamericana señala que el Estado colombiano incumplió su obligación de iniciar la investigación de oficio, inmediata y efectiva, y omitió realizar actividades de búsqueda necesarias para localizar el paradero de los desaparecidos.
Triste episodio vivió Colombia, con la toma, con la retoma y con lo sucedido con posterioridad. Con el informe de la Comisión de la Verdad, y las sentencias proferidas en la justicia colombiana y ahora en la Corte IDH, no queda duda alguna de que fueron reales las desapariciones. Las condenas son el comienzo de todo lo que hay que hacer, para que algún día se pueda voltear esta página oscura de nuestro pasado reciente.