LA REFORMA
Dignidad de la justicia
Lo peor que le sucedió a Colombia en el siglo XX fue la toma del Palacio de Justicia, el seis de noviembre de 1985, el sacrificio de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, de militares y civiles, la destrucción de expedientes durante el incendio del edificio, lo sobreviniente a la demencial acción patrocinada por el narcotráfico.
Los Constituyentes de 1991 cambiaron el sistema de nominación de los miembros de los altos tribunales y, desde entonces, las reformas judiciales no han logrado recuperar la majestad de los jueces, ni de esta rama del poder. Ahora comienza a analizarse una propuesta que ojalá atine para tenerlos probos e imparciales. Ellos existen, pero la noticia siempre se vincula a quienes no reúnen estas condiciones, comprometidos en enredos y escándalos.
Con frecuencia aparecen disputas públicas entre magistrados, por temas de diversa índole, diferencias de carácter personal, recriminaciones mutuas, que disminuyen la confianza ciudadana. El toma y dame en las Cortes para integrar las ternas de candidatos a las cabezas de los organismos de control es pan de cada día. El Consejo Superior de la Judicatura está en entredicho, la política interfiere decisiones y el propio Presidente de la República reafirma la necesidad de modificar la forma de nominación porque el clientelismo prolifera y la politización de la justicia preocupa.
La acumulación de expedientes, la mora en la práctica de pruebas, la publicidad previa de las sentencias y las infidencias sobre las discrepancias en los tribunales, los indicios de corrupción en determinados casos, unido ello al problema de hacinamiento en las cárceles, tienen que tratarse con cuidado y los intereses de algunos congresistas no deben obstaculizar la reforma cuyos aspectos principales ha enunciado el señor ministro de Justicia, doctor Alfonso Gómez Méndez.
Los magistrados pusilánimes, así no prevariquen, tampoco son idóneos en la lucha contra el delito. El juez del miedo, sin carácter, el débil, se conoce desde su primer auto. El tipo característico de dichos funcionarios es Poncio Pilatos y la Justicia, como la verdad, no admite término medio.
Estamos a la espera de contar, en su integridad, con el articulado del proyecto de ley relacionado también con otras instituciones, como la Fiscalía General de la Nación. ¿Se regulará la Tutela? Que la memoria de los once magistrados muertos en la toma, grandes juristas, tratadistas y jueces, doctores Fabio Calderón, Manuel Gaona, José Gnecco, Fanny González, Carlos Medellín, Ricardo Medina, Horacio Montoya, Alfonso Patiño, Alfonso Reyes, Pedro E. Serrano y Darío Velásquez inspire la presentación y discusión de la iniciativa, es mi más ferviente deseo.