Política agraria: ¿el comodín?
El gobierno tomó la decisión de avanzar en un diálogo con las Farc. Se trata de una apuesta arriesgada e incierta. Pero una vez hecho público el Acuerdo, lo único que esperamos como resultado es el final del conflicto. Aunque tenemos reservas, las restricciones están a la vista. Unas provenientes de los acuerdos internacionales en la ofensiva antidrogas -la mayoría de los cabecillas están pedidos en extradición-, del mismo Tratado de Roma -que cerró el paso a la impunidad para delitos de lesa humanidad- y, otras, del pragmatismo que inspira al proceso. Es el delicado equilibrio entre realismo y eficacia, sin los cuales sería imposible avanzar -en eso tiene razón el Presidente- y la dignidad, que no se puede entregar en la mesa.
Los argumentos que esgrimió el presidente Santos en su encuentro con los gremios, si bien tienen peso específico y tienden a garantizar el orden, la seguridad y la gobernabilidad, entrañan también un anuncio apabullante: en sus palabras, se partió de la base de no negociar los inamovibles de la economía de mercado, la libre empresa y el modelo económico, excepto la Política de Desarrollo Agrícola.
Este pragmatismo político, cubierto por un conflicto de ética política, parte de una premisa: el Gobierno no permitirá convertirse en “rehén del proceso”. Desde este ángulo es claro que los verdaderos problemas de este experimento van a derivar, del trofeo que se les entregó a las Farc “como punto de honor”: la política de “Desarrollo Agrario Integral”.
El desarrollo rural ha sido un clamor de los renglones de la producción agropecuaria, y bandera de los gobiernos desde la década de los sesenta, pero arriada por cuenta del sesgo urbano que, desde entonces, ha marcado al modelo de desarrollo. Da coraje entonces, que lo que no ha sido posible como respuesta a las peticiones de quienes construyen riqueza en el campo, empiece a serlo como exigencia y al acomodo de quienes la han destruido.
Detrás de la exigencia de negociar el desarrollo rural ya se adivina el discurso de la reforma agraria expropiatoria. El gremio ganadero nunca será palo en la rueda de los procesos que se derivan de las leyes de Extinción de Dominio y de Víctimas y Restitución de Tierras, que buscan restituir y redistribuir las tierras arrebatadas por el narcoterrorismo en todas sus formas. Pero el gremio ganadero velará por el respeto al derecho constitucional de la legítima propiedad privada rural.
El gremio no se opone a la aspiración legítima a la propiedad de la tierra, pero dentro de un mercado abierto y transparente. Sin infraestructura social, sin crédito, sin riego, sin vías terciarias, la reforma agraria basada en la redistribución de la tierra, será la perpetuación de la pobreza rural.
Así no nos guste, si el Desarrollo Rural Integral se logra como exigencia de la negociación, bienvenido sea, siempre y cuando no se construya a costa de la seguridad jurídica sobre la legítima propiedad privada de la tierra, derecho que -estoy seguro- no desconocerá el Gobierno y sobre el cual Fedegan será veedor celoso. Es un riesgo que estamos en obligación de advertir, sin ser tildados por ello de opositores y, menos aún, de enemigos de la paz. Como todos los colombianos, le deseamos al Presidente “buen viento y buena mar” para llevar a Colombia al puerto seguro de una paz duradera.
@jflafaurie
*Presidente Ejecutivo de Fedegan